El aspirante presidencial Félix Maradiaga cumple este viernes, 21 de octubre, 500 días de prisión ordenada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Sus familiares denuncian las condiciones «inhumanas» en las que se encuentra el opositor.
«Hoy son 500 días desde la última vez que hablé por teléfono con mi esposo. Recuerdo esa mañana antes de que el régimen lo detuviera arbitrariamente y lo desapareciera durante 84 días. Son 500 días de tratos inhumanos y crueles», denunció Berta Valle en sus redes sociales donde continúa en campaña demandando la libertad del activista.
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«500 días de injusticia, ilegalidad, 500 días sin hablar con su esposa e hijas, sin recibir llamadas, sin ver los dibujos de su hija, perdiendo peso y sin permitirle leer ni tener acceso a una biblia, 500 días de tortura, luchando por su libertad bajo detención arbitraria. Se cumplen 500 días en los que el régimen totalitario de Ortega y Murillo mantiene a Félix y a las +200 personas presas políticas de Nicaragua en condiciones violatorias de sus derechos. Las familias exigimos la libertad inmediata de todas y todos. ¡Son inocentes!», denuncia la familia del encarcelado político.
Maradiaga fue capturado el ocho de junio de 2021 a pocos metros del Ministerio Público, en Managua, minutos antes había sido interrogado por los fiscales de Daniel Ortega. Tras su detención, fue trasladado a «El Nuevo Chipote», un reconocido centro de torturas, según indican los familiares de presos políticos.
La justicia orteguista le impuso una sentencia de 13 años de cárcel. El rehén de conciencia enfrentó siete audiencias que, de acuerdo con sus defensores, estuvieron «plagadas de irregularidades» que culminaron con un fallo de culpabilidad.
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Durante el juicio, la Fiscalía presentó a 27 agentes de la Policía como testigos. La única prueba que se le imputaba era su participación en un grupo de WhatsApp y unas entrevistas de televisión. También presentaron la supuesta evidencia material, incluyendo objetos que fueron obtenidos durante el allanamiento a su casa.
La dictadura lo acusó de transgredir la Ley 1055, Ley de Soberanía, una herramienta jurídica aprobada por los diputados de la dictadura para perseguir, encarcelar y enjuiciar a los opositores del régimen Ortega-Murillo.
