El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo habría removido, hace aproximadamente un mes, a monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, de la casa de sus familiares, ubicada en Managua, para trasladarlo a otra vivienda de la misma capital, pero resguardada por personas afines al gobierno, filtraron fuentes judiciales y religiosas al medio Divergentes.
Este miércoles el obispo nicaragüense fue acusado oficialmente por los delitos fabricados de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense”, según informó el Poder Judicial, controlado por el oficialismo.
Las fuentes indicaron a Divergentes que, si bien desconocen el lugar donde fue llevado hace un mes el líder católico, coinciden que su traslado a los Juzgados, este martes, ocurrió desde la vivienda administrada por la dictadura. “Los familiares tienen miedo de hablar y no saben dónde se lo llevaron”, dijo una de las fuentes eclesiales al medio.
En el comunicado, el Poder Judicial indicó que durante en la audiencia se admitió la acusación presentada por el Ministerio Público “por cumplir los requisitos procesales” en contra de monseñor Álvarez. Asimismo, la autoridad judicial, cuyo nombre no fue precisado, le nombró un defensor de oficio al obispo nicaragüense, le decretó arresto domiciliario y programó audiencia inicial para el 10 de enero de 2023.
Noticia relacionada: Dictadura de Nicaragua presenta a monseñor Rolando Álvarez y lo acusa de dos supuestos delitos
En la misma causa se encuentra acusado el sacerdote Uriel Antonio Vallejos, párroco de la Iglesia Divina Misericordia, en Sébaco, “quien es prófugo de la justicia” y la autoridad judicial giró oficio a la Interpol para su captura. Vallejos se vio obligado a huir de Nicaragua después de que la dictadura lo mantuvo encerrado por más de 72 horas en la casa cural de ese templo, en el mes de agosto pasado.
“Un crimen”
El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, exiliado en Estados Unidos, monseñor Silvio José Báez, calificó de “crimen” la acusación presentada por la dictadura y se solidarizó con su “hermano” por esta nueva arremetida de la dictadura contra un alto jerarca de la Iglesia católica.
“Es un crimen lo que hace la dictadura de Nicaragua contra mi hermano obispo, monseñor Rolando Álvarez. Ultrajándolo se condenan a sí mismos. ¡Rolando, no estás solo! Estamos contigo, rezamos por ti y exigimos tu libertad. Contigo está Dios, quien no abandona a sus profetas”, escribió el obispo Báez en su cuenta de Twitter.
Es un crimen lo que hace la dictadura de Nicaragua contra mi hermano obispo, Mons. Rolando J. Álvarez. Ultrajándolo se condenan a sí mismos. ¡Rolando, no estás solo! Estamos contigo, rezamos por ti y exigimos tu libertad. Contigo está Dios, quien no abandona a sus profetas. pic.twitter.com/HsD1VYsK7l
— Silvio José Báez (@silviojbaez) December 14, 2022
Por su parte, el padre Uriel Vallejos, también acusado por los mismos delitos, se pronunció en redes sociales y cuestionó el hecho de que el régimen haya celebrado la Purísima Concepción de María el 7 de diciembre para luego acusar a un líder católico.
Noticia relacionada: Suyen Barahona cumple 18 meses secuestrada y con cero comunicación con su hijo
“¿Cuándo es el estreno de la película de la dictadura?. señores, su poder no es eterno, caduca; pronto los veremos en la miseria a ustedes y sus secuaces. No hay palabras en jerga nicaragüense para llamarlos. Celebrando la Purísima, y hoy acusado a un hijo de la Virgen María”, señaló Vallejos.
Monseñor Álvarez, quien además es administrador apostólico de la diócesis de Estelí, fue sacado por la fuerza la madrugada del viernes 19 de agosto por agentes policiales del palacio episcopal provincial junto con cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo, después de haber estado 15 días confinados.
La Policía al servicio de la dictadura acusó en ese momento al alto jerarca de intentar “organizar grupos violentos”, supuestamente “con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales”.
