El régimen de Daniel Ortega se prepara para llevar a los juzgados al sacerdote Óscar Benavidez Dávila, párroco de la iglesia Espíritu Santo, de Mulukukú, en el municipio de la Región autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua. El juicio está programado para el 16 de enero.
Benavides Dávila es señalado de supuestamente conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional y de propagar noticias falsas, en un contexto de persecución religiosa en el país.
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Su caso estará a cargo de Nancy Aguirre Gudiel, titular del Juzgado Décimo de Distrito Penal de Juicio de Managua, quien programó inicio de juicio para el próximo mes a las 9 de la mañana, en el Complejo Judicial de la capital.
La activista y defensora de derechos humanos nicaragüense Bianca Jagger amadrinó a monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, nueve sacerdotes y dos seminaristas encarcelados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La acción de Jagger se da en el marco de la campaña «Rompiendo cadenas, apadrina a un preso político», impulsada por el Instituto Casla.
Jagger, de origen nicaragüense, dio a conocer su colaboración a través de su cuenta de Twitter, señalando que Ortega «le ha declarado la guerra a la Iglesia católica».
La familia de la presa política Suyen Barahona continúa demandando una llamada entre ella y su hijo, quienes no se han comunicado hace más de 18 meses por órdenes de la dictadura de Nicaragua.
En un comunicado, los parientes de la presidenta de la Unión Democrática Renovadora (Unamos) explican que la activista lloró cuando el pasado siete de diciembre recibió fotografías de su hijo y que una llamada entre madre e hijo «les dará un tanto de confianza de que están aquí en este mundo y no solo en sus recuerdos». El menor de edad está fuera de Nicaragua a raíz de la detención de la opositora.
La red regional Voces del Sur denunció, en su reciente informe correspondiente a noviembre de 2022, que las amenazas, persecución y medidas represivas continúan contra la prensa independiente de Nicaragua.
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El documento detalla que «se documentaron 6 casos de violaciones a la libertad de prensa: cinco perpetrados en contra de periodistas y 1 contra un medio de comunicación».
Voces del Sur conoció que en el mes de noviembre al menos 4 periodistas se vieron obligados al exilio ante la dificultad que existe en el país para ejercer el oficio y el peligro que implica.
También registró 5 denuncias de amenazas y asedio por parte de agentes policiales y paraestatales, producidas en el contexto del proceso de las votaciones municipales.
La Policía del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo detuvo de manera arbitraria a dos periodistas del canal TV Merced de la Diócesis de Matagalpa, dirigida por el también secuestrado monseñor Rolando Álvarez.
Uno de los detenidos es el periodista Manuel Obando Cortedano, quien fungía como jefe de prensa de la diócesis y era cercano al obispo Álvarez.
De acuerdo con información brindada por el periodista Emiliano Chamorro en sus redes sociales, Obando fue secuestrado «en un escandaloso operativo policial y se desconoce su paradero». Se presume que la Policía estuvo revisando su celular esta mañana.
La noche del domingo, la Policía también detuvo al periodista Wilberto Artola, que también trabajaba de camarógrafo en el canal TV Merced, censurado en junio por el estatal Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor).
El abogado Yader Morazán, quien se encuentra en el exilio, confirmó el «secuestro policial» de ambos miembros de la iglesia, al tiempo que denunció que, en el caso del obispo, ni siquiera se ha interpuesto un recurso de e
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El Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), con sede en Costa Rica, presentó este lunes un análisis del impacto de los decretos presidenciales de Rodrigo Chaves en detrimento de los solicitantes de refugio.
La preocupación de la organización se da luego que el 16 de noviembre el mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves, anunciara que su país está «tomando medidas» para evitar que los migrantes económicos sigan usando el régimen de refugiados políticos para llegar a trabajar e instalarse en la nación centroamericana.
