El régimen de Daniel Ortega canceló, a través del Ministerio de Gobernación, 100 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) más entre nacionales y extranjeras para sumar más de tres mil asociaciones disueltas tras las protestas sociales de abril de 2018.
La dictadura estableció que «los siguientes organismos inscritos ante esa dirección (Gobernación), han incumplido sus obligaciones conforme marco normativo, ya que no reportaron por periodos de entre 2 a 24 años, estados financieros, balanza de comprobación, detalle de donaciones, así como información de identidad y origen de todos sus miembros y donantes», por lo que las declaran «acéfalas».
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Entre las organizaciones canceladas se encuentran 86 de carácter nacional y 14 extranjeras. El despojo de su personalidad jurídica fue aprobado por por la titular de Gobernación, María Amelia Coronel, según se lee en el acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial, La Gaceta de este primero de diciembre.
Entre las ONG canceladas destacan la Asociación Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa de Nicaragua, Asociación de Misión Evangelística Visión para las Naciones, Fundación Centro Integral por la Vida y Esperanza de la Mujer y la Niñez (Civemen), Asociación de Ciegos Unidos de Nicaragua-Bartimeo y la Asociación Amigos de la Policía Nacional, este último había solicitado la destitución del comisionado general Aldo Sáenz Ulloa por «menoscabo a la integridad policial, mal manejos de fondos y discriminación».
Por otra parte, las oenegés internacionales eran provenientes en su mayoría de Estados Unidos, seguido de una procedente de Panamá, España, El Salvador y Austria. Entre las estadounidenses se encuentran la Alianza Global por la Niñez, Fundación Américas Unidas y Brazos Unidos, todas dedicadas a la ayuda social.
Recientemente Movimiento Puente, organización que trabaja en temas de ciudadanía, rechazó y denunció las acciones del régimen de Nicaragua de querer «sepultar» el derecho de asociación en el país. Señalan que la dictadura ha aniquilado más de dos mil oenegé a través de la creación de nuevas leyes y reformas. «Organizarnos no es un delito, ¡es un derecho humano!», manifestó el Movimiento Puente.
Recordó también que, el 31 de marzo de este año, la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo aprobó la Ley 1115 o Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, una nueva normativa que otorgó mayores facultades al Ministerio de Gobernación y a la Dirección General de Registro y Control de Organismos Sin Fines de Lucro sobre regulación y control de las oenegé.
Por su parte, el régimen de Ortega sigue justificando la aniquilación de organizaciones no gubernamentales, aduciendo que supuestamente las ONG afectadas incumplieron con sus obligaciones conforme lo establecido en la Ley de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro y su Reglamento, y la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
