La miembro propietaria del Consejo Superior de la Contraloría General de la República, Marisol Castillo Bellido, presentó ante la Asamblea Nacional de Nicaragua su renuncia al cargo. El puesto lo ocupaba desde abril de 2014. La entidad es valorada como inoperante por las nulas funciones de fiscalización e investigación a las instituciones del Estado que son señaladas de ser corruptas.
«Con gran pena en mis sentimientos les estoy comunicando mi decisión de presentar mi renuncia al cargo de miembro propietaria del Consejo Superior de la Contraloría General de la República. Yo a estas alturas necesito dedicar más tiempo a mi familia y a tareas pospuestas, sintiendo la satisfacción del deber cumplido», refiere la misiva con fecha de 15 de noviembre publicada en el sitio web del Poder Legislativo la cual iba dirigida a Loria Raquel Dixon Brautigham, diputada y primera secretaria de la Asamblea Nacional.
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Castillo también extendió su agradecimiento a la Asamblea Nacional y al pueblo de Nicaragua por haberle permitido servir tanto en el Consejo Supremo Electoral como magistrada suplente como en la Contraloría General de la República.
«Este servicio que ha sido parte sustancial de mi vida me ha permitido fortalecerme en lo académico y en la vida misma. Nuestro país Nicaragua a pesar de todas las dificultades ha evolucionado institucionalmente y yo me siento orgullosa de haber participado en ese proceso. Habrá muchos problemas por delante pero las nuevas generaciones ya nos van sustituyendo», expresó la exfuncionaria.
«No puedo dejar de mencionar mi agradecimiento para mis abuelos y mis padres que fueron fundamentales en lo que hoy soy. Una mujer nicaragüense de familia liberal y sandinista, Esa es nuestra historia. Así ha sido formado nuestra amada Nicaragua», añade Castillo, esposa de Lenín Cerna, quien recientemente fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por fungir como asesor de Daniel Ortega.
Cerna fue sancionado por ser considerado «un confidente cercano» del mandatario sandinista, involucrado en numerosos casos de asesinatos y de torturas cuando fue jefe de Seguridad del Estado en la década de 1980, aseguró el Tesoro.
La excontralora formó parte en su última etapa de la institución señalada de adquirir un gran porcentaje del Presupuesto General de la Republica por evitar cualquier tipo de fiscalización. Fue magistrada también del Poder Electoral entre 2000 y 2014, donde llegó como parte de la cuota partidaria que Ortega logró en sus reparticiones de los poderes del Estado con el expresidente Arnoldo Alemán (1997-2002).
En esa etapa hizo equipo con otros funcionarios como el fallecido expresidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas Reyes, José Luis Villavicencio, Emiliano Enríquez, entre otros.
