La exjefa de la Policía Nacional, Aminta Granera, también será investigada por la denuncia interpuesta en Argentina contra la pareja presidencial y siete de sus funcionarios, que pretende determinar si el régimen y sus súbditos cometieron delitos de lesa humanidad durante las protestas sociales de 2018.
Según el medio argentino Infobae, la denuncia interpuesta por el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH) fue ampliada este jueves, 17 de noviembre, y ha incluido a Granera para determinar su grado de responsabilidad como directora de la Policía en Nicaragua durante la represión perpetrada en el estallido de abril de 2018.
«El accionar de la Policía Nacional durante la represión de abril de 2018 requiere de la investigación de la responsabilidad de la Sra. Aminta Granera Sacasa y, además, justifica la responsabilidad criminal del Presidente de la República de Nicaragua sobre los crímenes de lesa humanidad ejecutados por acción o por omisión a través de la Policía Nacional, de acuerdo con la denuncia oportunamente presentada», indica el documento de la ampliación de la denuncia.
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Agrega que «durante el mes de agosto de 2018 se produjo la detención de más de 20 estudiantes universitarios, algunos de ellos miembros del Movimiento 19 de abril y otros de la Coordinadora Universitaria por la Justicia y la Democracia. Entre ellos se encontraban Byron Estrada, Luis Muñoz, Nahiroby Olivas, Luis Rugama, Yaritza Mairena y Víctor Obando».
Aminta Granera llegó a la jefatura de la Policía Nacional el cinco de septiembre de 2006 y permaneció en ese cargo hasta el 27 de abril de 2018. La exfuncionaria en su momento gozó de altos índices de credibilidad, popularidad y aceptación en Nicaragua.
La ampliación de la denuncia también exige que se considere la vulneración al derecho a la educación como parte del plan sistemático de represión, que se refleja en el control de las universidades y las restricciones a su funcionamiento, «acompañadas de la privación de la libertad de estudiantes y opositores al régimen», como se puede leer en el documento presentado.
El pasado dos de noviembre, CALIDH presentó la denuncia por delitos de lesa humanidad contra el dictador de Daniel Ortega, su esposa Rosario Murillo y los siete funcionarios del régimen, ante el Juzgado Nacional Penal y Correccional número cuatro del Poder Judicial de la Nación Argentina, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
La investigación es también contra Francisco Diaz, director de la Policía Nacional; Ramón Avellán, subdirector de la Policía; Néstor Moncada Lau, asesor presidencial para las políticas de seguridad; Sonia Castro, exministra de Salud de Nicaragua; Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía de Managua; Ramona Rodríguez, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) y Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y ahora, la exfuncionaria Aminta Granera.
«CALIDH considera que estos funcionarios son responsables de planificar, dirigir y ejecutar diversas conductas sancionadas por el delito de lesa humanidad establecido en el artículo 7 del Estatuto de Roma, en el marco de ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil, pues cometieron los delitos de asesinato, exterminio, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, desaparición forzada de personas, entre otras», señala la organización en una declaración pública.
