El régimen de Daniel Ortega sigue premiando la fidelidad y sometimiento del Ejército de Nicaragua con una nueva donación de dos propiedades ubicadas en la comarca de Waswalí Abajo, del municipio de Matagalpa, en el departamento del mismo nombre.
El acuerdo presidencial número 158-2022, publicado en La Gaceta de este viernes, 11 de noviembre, la dictadura autorizó a la Procuradora General de la República (PGR) para que comparezca ante la notaría del Estado y suscriba «escritura pública de donación a favor del Ejército de Nicaragua».
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La publicación oficial señala que el primer terreno tiene un área de 27,084.00 metros cuadrados y con número absoluto catastral 6412-0776- 6326-16 y el segundo tiene un área de 17,142.00 metros cuadrados; con número absoluto catastral 6412-1706-9951-17. Según el régimen, pertenecen al Estado de Nicaragua.
El artículo dos indica que el acuerdo incluye en el contrato de donación «todas aquellas cláusulas contractuales que estime pertinentes, con el fin de salvaguardar los intereses del Estado de la Republica de Nicaragua».
Además, manifiesta que la certificación del acuerdo y el de la toma de posesión cuenta con «suficientes documentos habilitantes para acreditar la representación de la Procuradora General de la República a favor de la institución castrense.
Esta última «donación» al Ejército, señalado de violar los derechos humanos y de orquestar crímenes de lesa humanidad, se suma otras que el gobierno de Nicaragua le ha entregado desde 2020.
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Antes de esta entrega, Ortega le había regalado el pasado cuatro de noviembre, un terreno ubicado en San Francisco Libre, Managua.
Desde el año 2020, el régimen ha premiado con más de una docena de propiedades a los operadores de la represión. Anteriormente, la Presidencia donó propiedades ubicadas en Chinandega (3), León (1), San Rafael del Sur (1), Boaco (1), Jinotepe, Carazo (1) Managua (3) y ahora Matagalpa (1), Rosita, Costa Caribe Norte (1).
Al Ejército, bajo el mando del general Julio Cesar Avilés, es señalado por la oposición de ser cómplice del régimen de Daniel Ortega y por haber callado frente a los asesinatos en el contexto de la crisis sociopolítica en 2018, donde hombres armados arremetieron contra la población civil, dejando más de 300 asesinados.
La institución aún se encuentra sin ser sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pero sus principales jefes sí lo están como el caso del general Julio César Avilés y el coronel Julio Modesto Rodríguez Balladares, director del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM).