Urnas Abiertas, en su reporte sobre los comicios municipales realizados el domingo, seis de noviembre, destacan el nivel de abstencionismo reflejado en los Centro de Votación (CV) a nivel nacional y aseguran que fueron los empleados públicos quienes tuvieron que asistir a las Juntas Receptoras de Votos (JRV).
El organismo independiente ubicó en 82.67 % la cifra de abstencionismo en el proceso municipal, lo que significa que solo un 17.33 % participó en la convocatoria de votaciones organizada por el orteguista Consejo Supremo Electoral (CSE).
El informe del observatorio ciudadano remarcó que «la presión por llenar las urnas además de alcanzar a trabajadores del Estado y sus familiares, llegó a estudiantes de las universidades públicas, comerciantes, transportistas y familiares de los caídos de guerra que fueron amenazados con perder las becas, beneficios y permisos de operación si no acudían a votar»,
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Aseguran que los trabajadores estatales se vieron mayormente forzados a asistir a la urnas, «redoblaron esfuerzos e intensificaron la presión hacia trabajadores del Estado que no se había citado a las urnas, mediante mensajes de WhatsApp y redes sociales les amenazaban con despidos, les insistían preguntándoles si habían ido a votar y recordándoles que los estaban esperando porque necesitaban el total de los trabajadores que fueran a votar, incluso les señalaban que su puesto de trabajo era gracias al comandante».
«También activaron una red de movilizadores, es decir, militantes sandinistas que movilizaban a otras personas a participar de la votación, esta tarea estaba acompañada de un listado para contabilizar cuantas personas acarreaban, buses, camionetas, caponeras, motorizados, taxis, hicieron rondines durante horas de la tarde por diferentes calles para ofrecer a las personas llevarlas a los Centros de Votación», añade el informe.
«Al sector público se le indicó asistir desde tempranas horas y enviar fotos con el dedo manchado tras la votación». El régimen, incluso, envió la advertencia a familiares de trabajadores del Estado para que estos pudieran conservar su puesto. Las presiones se realizaron casa a casa, sin embargo, las urnas permanecieron vacías, principalmente, en municipios con pocos trabajadores del Estado.
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Un total de 3.722.884 nicaragüenses mayores de 16 años, de una población de 6,6 millones, fueron convocados para elegir a los alcaldes, vicealcaldes y concejales de los 153 municipios de Nicaragua, según datos del CSE, que dio de baja a 755.450 electores en un año sin explicar los motivos.
Según el observatorio independiente Urnas Abiertas, las detenciones, allanamientos y asedio incrementaron desde la tarde del sábado, 5 de noviembre, 24 horas antes de los cuestionados comicios. Entre los casos reportados se encuentra el arresto de la opositora de Carazo Karla Vega, el opositor de Masaya Randall Barbosa y a la esposa del joven, Yartiza Brenes.