La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), con representación en América Central y República Dominicana, manifestó su preocupación por al menos «ocho presuntas detenciones arbitrarias» en cuatro departamentos de Nicaragua, que se efectuaron previo a las elecciones municipales de 2022.
El organismo, a través de su cuenta de Twitter, instó a la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo «garantizar los derechos civiles y políticos del pueblo nicaragüense y al cese de la represión».
El sábado, cinco de noviembre, el observatorio ciudadano Urnas Abiertas denunció el incremento de «la violencia política en la víspera electoral a manos de agentes policiales a través de detenciones, allanamientos, asedio y hostigamiento en diferentes lugares de Nicaragua».
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La directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara, reiteró que «a la víspera de otra simulación electoral en Nicaragua, la represión y violencia política incrementan».
«El pueblo nicaragüense sigue sometido a un gobierno que suprime todos sus #DDHH, incluidos los políticos y la posibilidad de elegir libremente a sus autoridades», señaló Erika Guevara, en su cuenta de Twitter.
Chantaje a trabajadores públicos
En un análisis del panorama electoral, Olga Valle, directora de Urnas Abiertas, sostuvo que el régimen de Ortega está planificando «vender un poco de participación ciudadana en las elecciones municipales, llenando las filas de trabajadores públicos, especialmente del sector salud y educación».
«También tenemos información que pequeños y medianos empresarios y comerciantes los están amenazando, de que si no van a votar les cancelarán sus permisos de operación» dijo Valle.
Además, mencionó que en los últimos días, la dictadura de Ortega ha difundido noticias falsas y rumores para obligar a que la ciudadanía a que vote. «Andan diciendo que cualquier persona que no acuda a votar y sea eliminado del padrón, no podrá renovar la cédula, cuando no hay ningún mecanismo que vincule el proceso de cedulación con la aparición del catálogo de electores».
Otra información que circula es que el régimen pretende hacer creer a través de los códigos que tiene cada boleta podrán identificar por quién votó la ciudadanía y en caso de que no haya votado por el Frente Sandinista, los trabajadores públicos recibirán represalias».
