Tres presos políticos han fallecido bajo la custodia de la Policía del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en las distintas cárceles de Nicaragua. Los tratos crueles, inhumanos y degradantes mermaron severamente la salud de los opositores que fueron encarcelados por expresarse libremente en un país que es dirigido con mano de hierro por una pareja dictatorial.
El caso más reciente se registró el pasado 12 de febrero de 2022. El general en retiro Hugo Torres Jiménez falleció por razones hasta hoy desconocidas en custodia de la Policía del régimen Ortega-Murillo.
Torres fue capturado el 13 de junio de 2021 en su casa. Estuvo 244 días detenido, el 17 de diciembre de 2021 habría sido trasladado a un hospital en Managua por el agravamiento en su salud. Su familia lo acompañó en sus últimos dos meses de vida.
Desde su captura y allanamiento a su vivienda, el exguerrillero y miembro de la Unión Democrática Renovadora (Unamos) fue recluido en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como «El Chipote». Fue acusado por el supuesto delito de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional».
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El preso político Eddy Montes Praslin, de origen estadounidense, fue víctima de un disparo que le causó la muerte el 16 de mayo de 2019. Montes junto a un grupo de presos políticos protestaban en «La Modelo» en Tipitapa cuando fueron reprimidos por carceleros del penal.
Los presos políticos que protestaban señalan a un custodio del Sistema Penitenciario como el responsable del crimen que acabó con la vida de Montes Praslin. La muerte del reo de conciencia sigue impune. Nunca las autoridades del penal, mucho menos el régimen de Daniel Ortega, han realizado ninguna investigación para esclarecer el crimen y castigar al responsable.
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Santos Sebastián Flores Castillo falleció el ocho de noviembre de 2021 mientras estaba recluido en el Sistema Penitenciario Nacional (SPN) Jorge Navarro en Tipitapa. Flores denunció la supuesta violación a su hermana de 15 años de parte del dictador Daniel Ortega.
El hombre de 52 años murió en la cárcel donde permaneció detenido desde el 2013 por supuesta violación sexual agravada en contra de una funcionaria del Poder Judicial de Nicaragua, con quien Flores habría tenido una relación amorosa. Ante esto, fue declarado culpable y condenado a quince años de prisión por parte de los funcionarios del régimen.
Flores se encontraba encarcelado en la Galería 300, de máxima seguridad, en donde le tenían completamente incomunicado y sometido a procedimientos disciplinarios excepcionalmente graves que eran para calificarse como tortura.
