ONU: Ortega encarcela a familiares de opositores «como medida de presión» para que se entreguen
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) denunció que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha escalado la represión contra la oposición en Nicaragua, utilizando ahora una nueva táctica, que consiste en encarcelar a los familiares de opositores «como medida de presión» para que ellos se entreguen a las autoridades.
En un documento titulado “Informe Rápido Número 7”, el organismo señaló que entre el 13 y 15 de septiembre, al menos cinco personas fueron detenidas «cuando la Policía buscaba capturar a sus familiares opositores políticos e integrantes del partido Unamos» y al no encontrarlos, los oficiales al servicio del régimen de Ortega arrestaron «a sus seres queridos».
«En algunos casos, los policías comunicaron que la liberación de los detenidos dependía de que la persona buscada se entregara a las autoridades», subrayó.
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Los rehenes de la dictadura son Jeannine Horvilleur Cuadra, Ana Álvarez Horvilleur y Félix Roiz Sotomayor, esposa, hija y yerno de Javier Álvarez Zamora respectivamente; Gabriel López del Carmen, hijo de la perseguida política Andrea Margarita del Carmen Ibarra; y Freddy Martín Porras García, hermano de la dirigente de Unamos Dulce Porras.
La justicia nicaragüense acusó a cuatro de los ahora presos políticos de los supuestos delitos de «conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional» y de «propagar noticias falsas a través de las tecnologías de la información y comunicación», delitos con los cuales, la dictadura ha encarcelado a varios líderes de la oposición.
En el caso de López del Carmen, el régimen nicaragüense solo le imputó el delito de menoscabo a la integridad nacional, mejor conocido como «traición a la patria».
Además, Naciones Unidas apuntó que la Policía esta investigando por los mismos delitos a otras ocho personas más. «Estas personas serían integrantes de Unamos, seis de ellas capturadas desde inicios de septiembre», precisó.
«Estas detenciones serían arbitrarias por realizarse sin cumplir las formalidades de ley y por carecer de fundamento legal, pues distintos organismos y mecanismos de derechos humanos han observado la incompatibilidad de los delitos por los que se investiga a estas personas con los estándares internacionales de derechos humanos», sostuvo.
Agregó que, «en el caso particular de las cinco personas que fueron detenidas para que sus familiares se entreguen a las autoridades, el Código Penal nicaragüense prevé sanciones para quienes cometen actos tan repudiables».
La cifra de personas presas políticas del régimen Ortega-Murillo aumentó a 219 hasta septiembre de 2022, incluyendo a líderes religiosos, revelan datos actualizados del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
Nicaragüenses desterrados por Ortega
La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también destacó que desde julio de 2022, la dictadura de Ortega Murillo, a través de la Dirección General de Migración y Extranjería, les ha negado a nueve nicaragüenses el poder retornar a su país de origen.
«Estos casos se distinguen de otros anteriores en los que las personas nicaragüenses afectadas residían en el exterior y pretendían llegar a Nicaragua para reunirse con sus familiares o por otras razones personales o laborales, e igualmente fueron impedidas de ingresar al país», resaltó la entidad.
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«En el caso de las nueve personas, estas salieron de Nicaragua -donde residen- por un periodo breve con el fin de recibir atención médica especializada, visitar a sus familiares, cumplir compromisos laborales o participar en reuniones oficiales. Al terminar sus viajes e intentar regresar al país, no fueron permitidas de abordar los aviones que las trasladarían de vuelta a Nicaragua; quedando varadas en el extranjero mientras hacían una escala de conexión», apuntó.
El caso de la abogada y defensora de los derechos de los pueblos indígenas, Anexa Alfred Cunningham, «ha sido calificado por el presidente del Consejo de Derechos Humanos como un acto de represalia», aseguró la Oficina de la ONU.
El pasado 27 de septiembre, el régimen también impidió que ingresara a Nicaragua el vicerrector de la Universidad Centroamericana (UCA), Jorge Huete, quien se encontraba en Argentina en una actividad académica.
Este destierro táctico de la dictadura Ortega-Murillo se suma al impuesto en julio pasado al ahora exrector de la UCA, el padre jesuita José Alberto Idiáquez, quien ni siquiera estuvo presente en el traspaso de rectoría al padre Rolando Alvarado López, el pasado 1 de junio, debido a que el régimen le negó la entrada al país.
Esta medida también ha sido impuesta a religiosos. Se conoció que el régimen le negó la entrada al país al padre Guillermo Blandón, párroco de la Iglesia Santa Lucía de Boaco y al padre Juan de Dios García, vicario de la parroquia Santo Cristo de Las Colinas.
«Estos otros casos también podrían calificarse de la misma manera dado que las personas afectadas fueron críticas con las políticas del Gobierno desde sus posiciones académicas o profesionales, o brindaron apoyo a personas perseguidas», concluyó el organismo.
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