Como una férrea fanática sandinista es reconocida la jueza María Concepción Ugarte, del Juzgado Sexto Penal de Vigilancia y Ejecución Penitenciara, quien salió de Nicaragua el pasado 28 de octubre de forma irregular hacia Estados Unidos con unas supuestas pruebas contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo para justificar su exilio.
Se conoce que en 2008 Ugarte ordenó los allanamientos al Centro de Investigaciones de la Comunicación (Cinco) y el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), cuando fungía como jueza del Segundo Distrito Penal de Audiencias de Managua. Además, se sabe que la funcionaria era protegida del vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Marvin Aguilar.
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Según información del abogado Yader Morazán, extrabajador de l Poder Judicial, Ugarte residía en la Colonia Militar, en Managua. Ingresó a la CSJ en 1997 como asistente del magistrado Aguilar, posteriormente fungió como oficial de planificación.
En 1998 pasó a ser simplificadora de trámites, haciendo una especialización en esa materia. Luego pasó al cargo de asesora de la Inspectoría Judicial de la CSJ, cargo que desempeñó durante cinco años. Cabe señalar que esa instancia siempre ha estado a cargo de Aguilar.
En el 2003, Ugarte fue nombrada Jueza de Audiencia de lo Penal, donde según el abogado Morazán, esos juzgados no hacen valoraciones de fondo, sino de forma, «es decir revisan el cumplimiento de las solicitudes presentada por la Policía y las acusaciones presentada por el Ministerio Público y ellos solamente proceden», explicó el jurista .
Durante el segundo periodo consecutivo del dictador Daniel Ortega, en el 2012, la judicial fue nombrada jueza de Distrito de lo Penal de Juicio, cargo que desempeñó durante dos años, en el que sí hizo valoraciones de fondo, lo que indica que podía resolver casos.
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Dos años después fue nombrada jueza Noveno Distrito de Familia de Managua, en el que estuvo por varios años, para luego ocupar el cargo del Juzgado Sexto Penal de Vigilancia y Ejecución Penitenciara, con el que se retiró.
Leal a Rafael Solís y Marvin Aguilar
En cuanto a las relaciones con altos mandos del Poder Judicial, se conoció que Ugarte era leal al exmagistrado de la CSJ, Rafael Solís, quien fue su “padrino” dentro de la institución durante todos los movimientos que realizó.
También le debía lealtad y era del núcleo cercano del actual vicepresidente de la CSJ Marvin Aguilar, «es decir, era de sus protegidas», refirió Morazán.
En cuanto a los motivos de su salida del país, el abogado señaló que cada caso son diferentes, por lo que pueden ser amplias las razones de su exilio. «Hay personas que se van por presiones de temas políticos o por algún juicio en específico. A veces hay discrepancia con algún magistrado», dijo.
Ante las supuestas pruebas que la jueza posee para justificar su exilio, Morazán dijo que habría que ver qué tipo de pruebas posee y “que sean útiles a la discusión o asunto que se ciñe”.
Por otra parte, una fuente reveló a Artículo 66 que la familia de la funcionaria teme por posibles represalia debido al abandono del cargo y a la salida del inesperada del país.
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Yader Morazán concluyó que «la presión y represión» dentro del Poder Judicial se ha incrementado «a niveles nunca antes vistos», porque a los jueces y magistrados no solo se les hace “injerencismo” en su función judicial, «sino que se les está exigiendo asistir a actividades político-partidarias hasta fuera de los horarios laborales, y eso ha provocado descontento; muchos aguantan la represión pero otros no».
Al igual que Ugarte, se han conocido otros casos de jueces que también han tomado la decisión de salir del país para no seguir colaborando con la dictadura, entre ellos está la jueza de Nueva Guinea, Liseth de los Ángeles Santamaría Duarte, y el juez de Chinandega, Roberto Zúñiga, originario del municipio de Puerto Morazán-Tonalá, en el departamento de Chinandega.
Ojalá que entregue pruebas convincentes para que sea admitida en los EEUU. De lo contrario, que la deporten,, la dictadura sabrá qué hacer con ella.