El estudio de la organización South Lighthouse hizo sonar las alarmas sobre qué tan seguros se encuentran los nicaragüenses al usar sus teléfonos celulares.
La organización dedicada a investigar tecnologías al servicio de los derechos humanos reveló que en el país hay «39 antenas falsas» con las que desconocidos podrían acceder a la información privada de los habitantes.
El consultor en Marketing Digital Manuel Díaz señala que, incluso, «no tiene que ser una antena» porque, a menudo, se usan aparatos que «parecen consolas que usan los DJs y que alcanzan en un maletín y hoy en día deben ser del tamaño de un teléfono».
Noticia relacionada: Régimen acusa de traición a la patria al vocero del Poder Judicial Roberto Larios
Díaz explicó, a través de su blog Bacanalnica, que los precios de estas «IMSI Catcher» — como se les conoce— cuestan menos de 2 mil dólares y hasta se podrían crear con menos de 200.
Algunos aparatos son pasivos y tienen la capacidad únicamente de escuchar y guardar información; mientras, otros pueden hackear antenas verdaderas y hackear teléfonos. Según su análisis, las antenas falsas detectadas en Nicaragua son de la categoría de los «pasivos».
Sin embargo, analistas nicaragüenses han advertido, durante años, que Rusia y su sistema de navegación satelital que ya opera en Nicaragua es un sistema de espionaje ruso. Es decir, espiar las comunicaciones de los habitantes del país «no es nada nuevo».
El estudio de South Lighthouse también indicó que, entre las zonas rojas, están el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, el Complejo Judicial de Managua, residencias que acogen embajadas, entre otros puntos.
Pero, si consideramos que las antenas falsas no son exactamente «peligrosas y sofisticadas», entonces, ¿para qué Nicaragua tiene estos aparatos? Manuel Díaz coincide en que el régimen de Daniel Ortega «no necesita antenas falsas» para obtener cierta información privada, por lo que no descarta que de esa forma vigile hasta a sus funcionarios:
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas convocó al Estado de Nicaragua a una revisión en esta materia. La evaluación se realizará este jueves, 19 de octubre, en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, informaron organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Previo al examen de Nicaragua ante el Comité, Organizaciones de la Sociedad Civil presentaron informes alternativos sobre la lista de cuestiones que se estarían evaluando.
El Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH) señaló que algunas de las preocupaciones de la sociedad civil en Nicaragua son la violencia contra las mujeres, el derecho al aborto, la discriminación hacia la población LGBTIQ+; el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía, las muertes por represión; las inadecuadas condiciones de detención, entre otras violaciones.
Organismos de derechos humanos como el Instituto Raza e Igualdad y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más publicaron en sus cuentas en Twitter que «Nicaragua debe rendir cuentas por las sistemáticas violaciones».
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa con su escalada represiva contra la oposición nicaragüense, en esta ocasión arrestó a Gabriel López del Carmen, de 34 años, hijo de la activista y miembro de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), Andrea Margarita del Carmen Ibarra.
La opositora denunció a través de sus redes sociales que «su hijo es un preso político detenido en El Chipote en calidad de rehén. Detenido y acusado solo por ser su hijo y encontrarse en su casa cuando llegaron al lugar para intentar detenerla».
Asimismo, Romana Cacchioli, directora ejecutiva de la organización PEN Internacional, indicó que esto constituye «otra prueba de la más reciente ola de acoso policial y judicial» en Nicaragua. Y urgió a Daniel Ortega liberar a todos los presos políticos, incluidos los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación encarcelados de manera arbitraria.
La justicia de Nicaragua, controlada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, acusó formalmente al vocero de la Corte Suprema de Justicia Roberto Larios Meléndez, por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, confirmaron a La Prensa fuentes ligadas al Poder Judicial.
El trabajador del Estado y máximo defensor de la dictadura Ortega-Murillo fue detenido la madrugada del 15 de octubre en en su casa y trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ). Según las fuentes judiciales, Larios fue trasladado en horas de la tarde de este martes a los Juzgados de Managua donde una jueza orteguista le asignó a un abogado de oficio.
El régimen ordenó el retiro de sus funcionarios en la Embajada de Nicaragua en Países Bajos mediante acuerdos presidenciales y ministeriales, tras el rompimiento de las relaciones diplomáticas a iniciativa de Nicaragua, anunciado el 30 de septiembre.
Ortega removió al embajador ante los Países Bajos, Carlos Argüello, un destacado diplomático y abogado nicaragüense que, a partir de ahora, será representante permanente de Nicaragua, con rango de embajador, ante todos los organismos internacionales con sede en Holanda.
A su vez, Sherly Aurora Noguera Miranda fue destituida de su cargo como ministra consejera de la embajada de Nicaragua ante Países Bajos, y nombrada ministra consejera y representante permanente alterna de la misión de Ortega ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ).
Kassandra Estefanía Gómez Pineda también fue removida de su cargo como primera secretaria con funciones consulares y administrativas de dicha embajada y designada primera secretaria y representante permanente alterna ante la OPAQ.
La barrida en la delegación diplomática en Países Bajos la completa Edgard Javier Aguilar Quiñónez que desde 2012 era agregado técnico honorario de la misión de Ortega y Murillo.
Noticia relacionada: Experto recomienda usar aplicaciones cifradas para comunicarse y evitar robo de información
El régimen de Daniel Ortega sigue su arremetida contra sacerdotes nicaragüenses. Esta vez negó la entrada a su propio país al padre Deyvis López, párroco de la iglesia San Gregorio Magno, en Diriamba, Carazo.
Fuentes religiosas revelaron a Artículo 66 que el lunes, 17 de octubre, el sacerdote se disponía a regresar a su tierra, luego que estuviera por 15 días en Virginia, Estados Unidos, sin embargo, se le informó a través de la aerolínea, que Migración de Nicaragua había negado su ingreso, sin ninguna justificación.
Amistades cercanas al religioso de 39 años afirmaron temer por su seguridad, porque en junio de 2018 —año de la rebelión cívica contra el dictador Ortega— el padre estuvo por tres horas detenido y creen que una vez más la dictadura lo quiera privar de su libertad por motivos políticos.
