La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), confiscó una propiedad ubicada en carretera sur, Managua, bajo el argumento de «utilidad pública», con el objetivo de crear el «Centro Nacional Especializado para la Capacitación de Brigadas de Búsqueda, Salvamento y Rescate», que será administrado por el Ejército de Nicaragua.
Mediante el acuerdo administrativo 21-2022, publicado en el diario oficial La Gaceta, el martes, 18 de octubre, la PGR oficializó la confiscación de la finca, que pertenecía a Claudia Albertina Rosales Marenco, Douglas Poessy Marenco y Orlando Poessy Marenco.
La propiedad arrebatada por la administración orteguista tiene aproximadamente 432,578.7 metros cuadrados y está ubicada contiguo al Reparto Serranías, kilómetro 12.8 carretera Sur, 1.5 kilómetros con rumbo sur-oeste.
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Uno de los argumentos de la PGR para declarar de «utilidad pública» la propiedad es que el Estado está obligado «a desarrollar acciones para asegurar la protección de la vida humana y medios materiales de la población y del Estado, ante eventuales desastres naturales o provocados, sean estos ambientales o sanitarios».
Señala que es «imperiosa necesidad contar» con un centro especializado para capacitar a militares en búsqueda y salvamento de personas en peligro, «que permita socorrer a la población, ante situaciones de riesgo, que pongan en peligro la vida de ésta y de sus bienes materiales, así como de los bienes del Estado».
La Procuraduría también alega que en lo establecido en el artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua «se garantiza el derecho de propiedad privada de los bienes muebles e inmuebles, de los instrumentos y medios de producción. En virtud de la función social de la propiedad, este derecho está sujeto, por causas de utilidad pública o de interés social, a las limitaciones y obligaciones que en cuanto a su ejercicio le impongan las leyes».
Además, el acuerdo administrativo indica que conforme al Código de Organización Jurisdicción y Previsión Social Militar, al Ejército de Nicaragua le corresponde la función de «contribuir a fortalecer la política de gestión de riesgo, en casos de desastres naturales, realizando acciones de organización, capacitación, prevención, atención y mitigación, salvaguardando la vida y bienes de la población, colaborando en el mantenimiento del orden y reconstrucción».
También solicita a la personas afectadas con esta declaratoria de «utilidad pública» que comparezcan en el término de 15 días ante la PGR para llegar a un «advenimiento».
La dictadura nicaragüense, a través de la PGR, utilizó una declaratoria de «utilidad pública» ha confiscado arbitrariamente un sinnúmero de propiedades en el país, como los casos del edificio de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Nicaragua, de Operación Sonrisa, las instalaciones de La Prensa, Confidencial, 100% Noticias, y otros medios de comunicación, y ONG.
