El dictador Daniel Ortega ordenó a la Procuradora General de la República donar dos propiedades al Ejército de Nicaragua, institución señalada de violar los derechos humanos y de orquestar crímenes de lesa humanidad contra los nicaragüenses en el marco de las protestas sociales de abril de 2018.
Mediante los acuerdos presidenciales Número 01-2022 y 02-2022, publicados este viernes, 14 de enero, en el diario oficial La Gaceta, Ortega autorizó a «la Procuradora para que comparezca ante la Notaría del Estado a suscribir, Escritura Pública de Donación a favor del Ejército de Nicaragua, de un Bien inmueble perteneciente al Estado de la República de Nicaragua».
El primer terreno mide 134 hectáreas y 4,992 metros cuadrado, está ubicado en la comarca San Jerónimo, municipio de Matagalpa, con parcela catastral número 6431-6590-6723-22.
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La segunda propiedad se encuentra en el municipio de Rosita, de la Costa Caribe Norte, con una extensión de tierra de 14,328 metros cuadrados, delineada con el número catastral 7584-0066-8224-20.
El artículo dos del acuerdo argumenta que la Procuraduría de Nicaragua deberá incluir dicho traspaso como «una donación con el fin de salvaguardar los intereses del Estado de la República de Nicaragua». No se especifica con qué fin serán usadas esas tierras.
Desde el año 2020, el régimen ha regalado alrededor de 10 propiedades a los operadores de la represión. Anteriormente, la Presidencia donó propiedades ubicadas en Chinandega (3), León (1), San Rafael del Sur (1), Boaco (1), Jinotepe, Carazo (1) Managua (1) y ahora Matagalpa (1), Rosita, Costa Caribe Norte (1).
La institución del Ejército aún se encuentra sin ser sancionado por el departamento del Tesoro de Estados Unidos, pero sus principales jefes sí lo están como el caso del general Julio César Avilés y el coronel Julio Modesto Rodríguez Balladares, director del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM).
Daniel Ortega junto al jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés. Foto; CCC
De igual forma, Bayardo de Jesús Pulido, miembro del Ejército, y Bayardo Ramón Rodríguez, jefe del Estado Mayor; fueron sancionados por EE. UU. el 10 enero, día en que Ortega tomó posesión para gobernar «ilegítimamente» cinco años más.
Al Ejército, la oposición lo tilda de cómplice del régimen de Daniel Ortega y por haber callado frente a los asesinatos de nicaragüenses en el contexto de la crisis sociopolítica, donde se culpa a grupos paramilitares armados por el FSLN de ser los responsables de los crímenes y se le vincula de participar con la Policía y civiles encapuchados en la «Operación Limpieza» y en especial por las armas de guerra que se emplearon contra los manifestantes.
