Han pasado 50 días desde la última vez que los presos políticos cautivos en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como «El Chipote», fueron vistos por sus familiares. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo los han mantenido por más de cuatro semanas sin derecho a un encuentro familiar.
Esta situación mantiene preocupados y bajo alarma a los parientes de los presos políticos que han demandado, en reiteradas ocasiones, que las autoridades policiales del centro preventivo elaboren un calendario regular de visitas cada 21 días, a como lo tienen los rehenes de conciencia en el Sistema Penitenciario Nacional (SPN) de Tipitapa.
La última visita que recibieron los presos políticos encerrados en «El Chipote» fue a finales de agosto y tras la denuncia de la reducción de la alimentación el régimen los exhibió ante los medios de propaganda. Esa fue la única ocasión que han podido verlos en más de un mes y medio.
Las mayores preocupaciones de los familiares de los presos políticos son la salud y el estado físico de cuatro de los opositores que permanecen en huelga de hambre. Irving Larios y Dora María Téllez demandan que acabe el régimen de incomunicación, que les permitan material de lectura y la atención médica para los enfermos.
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Róger Reyes y Miguel Mendoza están en huelga de hambre hace más de 20 días exigiendo que la dictadura los deje reencontrarse con sus hijas. Los 27 presos políticos detenidos en el contexto electoral, que están en «El Chipote», son sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, según han denunciado sus familiares y organismos de derechos humanos.
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas actualizó la cifra de rehenes de conciencia a 219 en lo que va del año. La mayoría han sido acusados de delitos de traición a la patria bajo un grupo de leyes represivas creadas para perseguir a la oposición.