Venezuela rechazó este miércoles la decisión dictada ayer por un juez federal de Estados Unidos de aprobar un calendario para la subasta de las acciones de la empresa Citgo, una filial de la estatal de petróleos del país caribeño (Pdvsa) en suelo estadounidense.
“El Estado venezolano rechaza categóricamente esta temeraria decisión, viciada de arbitrariedad y velada de parcialidad por el juez que la dicta”, manifestó en un comunicado la comisión presidencial Alí Rodríguez Araque, conformada en 2020 para reestructurar la industria petrolera.
Este martes, el juez federal de EE.UU. Leonard Stark dio luz verde al calendario para la subasta y posterior venta de acciones de PDV Holding, la empresa matriz dueña de Citgo, en pago a Crystallex por la nacionalización, hace más de una década, de un yacimiento de oro operado por la minera canadiense en Venezuela.
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El país caribeño tildó de “írrita” y “violatoria del derecho internacional” esta decisión, y aseguró que “constituye una nueva escalada de maniobras ilegales” con las que “pretenden justificar el saqueo y el despojo de los activos a la nación venezolana para ser entregados a potencias extranjeras”.
Venezuela acusó al juez que aprobó el calendario de estar “alineado” con la empresa Crystallex y de ser parte del “entramado internacional que responde al poder hegemónico e imperial de EE.UU., profundizando así su guerra multiforme y su pretensión de expolio descarado e indiscriminado de los activos del pueblo venezolano”.
Además, aseguró que se reserva el derecho de tomar acciones ante instancias internacionales para procurar “rescatar y preservar el patrimonio de la república”.
En enero de 2019, días después de que el opositor Juan Guaidó se proclamara presidente encargado de Venezuela y recibiera el reconocimiento de Washington, el Gobierno de EE.UU. impuso sanciones a Pdvsa que incluyeron el bloqueo de los fondos de Citgo con el objetivo de traspasarlos al equipo del dirigente de oposición.
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Citgo está valorada en unos 12.000 millones de dólares y la deuda a Cyrstallex es de 970 millones, de acuerdo con la orden judicial.
El cronograma de venta aprobado estipula un periodo de seis meses, hasta abril del 2023, para consultar con la Oficina de Control de Activos (OFAC, en inglés) el procedimiento. El juez también aprobó incluir a la firma de inversiones Evercore como consejera en el proceso.
