El reciente informe del observatorio independiente Urnas Abiertas: «Análisis del Poder Local» señala el control que ejerce la dictadura de Daniel Ortega sobre las alcaldías en Nicaragua.
Según el análisis del observatorio ciudadano, la ruptura del orden democrático, la perpetuidad en el poder de Daniel Ortega, la cooptación del Estado, la construcción de un sistema de gobierno familiar y los crímenes de lesa humanidad son los mecanismos en que el régimen de Nicaragua genera un control político absoluto.
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En cuanto la «independencia» de las alcaldías, Urnas Abiertas indicó el sondeo que presentó en septiembre de este año donde se concluyó que el desarrollo local que impulsan los gobiernos municipales en todo el país es incipiente con una puntuación de 1.90 (escala del 1 al 5).
«De la misma manera, la población catalogó que todas las alcaldías del país tienen “poca” transparencia en la rendición de cuentas, con una
calificación de 28.75 (escala del 1 al 100)», menciona el organismo.
Ante el autoritarismo de Daniel Ortega en las alcaldías, Urnas Abiertas hizo énfasis que a lo largo de la historia, Nicaragua como país independiente «ha
transitado por regímenes antidemocráticos y autoritarios en los que se violan flagrantemente los derechos humanos y políticos de la ciudadanía».
Secretarios políticos, alcaldes y policías tienen el poder en las alcaldías
En el estudio del observatorio, la población consultada menciona que los tres actores que ejercen mayor poder en los municipios son secretarios políticos, alcaldes y jefes de policía, mientras que los vicealcaldes y líderes comunitarios lo ejercen en menor medida siendo percibidos como «figuras decorativas».
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Estos tres actores con mayor poder son los mismos que fueron peor evaluados por la ciudadanía por la arbitrariedad con la que ejecutan su rol, debido a su naturaleza política, represiva y antidemocrática en contra de la mayor parte de la población que no es afín al gobierno sandinista.
Otros personajes que fueron mencionados con algún tipo de poder o influencia son funcionarios públicos, diputados o políticos nacionales y empresas que operan en el territorio y tienen vínculos colusorios o de poder con el régimen, según la opinión ciudadana.
En base a lo anterior, Urnas Abiertas afirmó que en Nicaragua, de manera generalizada, existe un ejercicio arbitrario de poder «que además carece de
legitimidad».
Poder local de forma arbitraria
En cuanto al ejercicio de poder en los departamentos, de cada 10 personas piensan que el poder local se ejerce de forma arbitraria. siendo Estelí, Granada y Matagalpa las más puntuadas —con un rango de 10—, seguidos de Chinandega, Masaya y Rivas con un puntaje de 9.8.
Luego están Costa Caribe Sur, Río San Juan, Carazo, con 9.7 y por debajo están Costa Caribe Norte, Madriz, Managua, con 9.5, percepción que cada vez se hace más notoria debido a la represión que viven esos departamentos.
Alcaldes y vicealcaldes son figuras decorativas
En cuanto a los alcaldes y vicealcaldes, el informe reveló que algunos de ellos son «figuras decorativas», pues no ejercen su autoridad tal como establece la norma.
Por otra parte, existen autoridades municipales que no ejercen de ninguna forma su poder porque han sido designadas de manera simbólica, en muchas ocasiones se debe al hecho de que algunos son controladas por los jefes policiales, que de acuerdo al patrón 5 han recibido y concentrado mayor poder en sus localidades como premio por la represión ejercida contra la población opositora a partir de 2018.
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El aspecto del no relevo generacional también es señalado como uno de los elementos claves del FSLN. «Los actores que concentran el poder local en su mayoría tienen mucho tiempo en sus cargos, una señal más de que tanto a nivel particular en los gobiernos locales, como a nivel general en el partido, no existe el relevo generacional y el caudillismo está totalmente instalado» según el informe.
Para las próximas elecciones municipales, previstas para el seis de noviembre, el régimen de Ortega pretende el control total de todas las comunas, compitiendo con partidos políticos señalados de colaboracionistas y de ser «decoración» para unos cuestionados procesos.
