En el Día Internacional de la Niña, la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV) denunció que persiste la desprotección social y estatal en la región, lo que ubica a las niñas y adolescentes en escenarios de alto riesgo en los ámbitos de la vida y ante un sinfín de limitaciones para gozar plenamente de sus derechos.
En Nicaragua, desde el año 2017 y en lo que va del 2022 se han documentado 52 casos de niñas y adolescentes que han sido víctimas de femicidio en estos casi seis años, según informó la RMCV en una declaración este martes, 11 de octubre. La organización explicó que la desprotección del Estado es visible en la violencia sexual, embarazos adolescentes, muertes maternas, secuestros y desapariciones constantes.
Por su parte, el economista y analista Enrique Sáenz agregó que las niñas y adolescentes en Nicaragua también son víctimas, en su gran mayoría, a causa de la «manipulación infame de la dictadura, el exilio o prisión de madres o padres, la pobreza de sus familias, la migración forzada, la violencia y asedio de depravados». «¡Cuidemos a nuestras niñas!», exhortó.
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Datos ofrecidos por la organización señalan que Nicaragua es el segundo país en el mundo con más niñas y adolescentes embarazadas. Ocho de cada 10 peritajes de violencia sexual son realizados niñas y adolescentes, según indica cifras oficiales emitidas por el Instituto de medicina legal en el periodo 2015 2021. «Invisibilizar y no actuar ante esta tragedia es ser cómplices de esos delitos», denuncia.
«Nos alerta el hecho que cada vez se encuentran involucrados entre los agresores de niñas, además de hombres adultos, hombres jóvenes y adolescentes, lo cual nos indica que la educación y formación de la masculinidad tiene muchas deudas con las niñas y las mujeres, que el respeto a la vida y la integridad de las niñas deben forjarse de la familia la escuela y la comunidad», aseveró la RMCV.
Además, aseguran que persiste la normalización e impunidad como parte de la desprotección estatal porque muchos de los delitos cometidos contra la integridad de las niñas no son denunciados. También, critican que las víctimas son juzgadas y expuestas al escarnio público en los medios de propaganda de la familia presidencial «sin reconocer que los únicos culpables son los violadores y femicidas». «En su mayoría (los agresores) no llegan a ser juzgados o son liberados antes de cumplir sus condenas, colocando en alto riesgo la vida de las niñas, adolescentes y su familia», concluye.
Diversos comités de la Organización de Naciones Unidas (ONU) han expresado su «preocupación» por el impacto de la prohibición en los derechos a la vida y salud de las mujeres y niñas. Además, han pedido a Nicaragua que modifique la legislación de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.
El artículo 165 del Código Penal de Nicaragua, que permitía el aborto terapéutico desde hace más de cien años, fue derogado en la víspera de las elecciones presidenciales de 2006, un año antes que el dictador Daniel Ortega retornara a la Presidencia de Nicaragua.
Una iniciativa ciudadana presentada por colectivos de mujeres y feministas, presentada a la Asamblea Nacional en 2015, proponía despenalizar el aborto cuando esté en riesgo la salud de la mujer o niña embarazada, incluidos los casos de violación sexual. Esta propuesta fue firmada por más de 6 mil personas. En abril de 2017, la Asamblea rechazó la iniciativa sin haberla sometido a debate.
