La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) denunció que la persecución contra las organizaciones que trabajaban en la defensa de los derechos de las mujeres en Nicaragua no cesa, debido a que en el mes de septiembre, la dictadura de Daniel Ortega ordenó cancelar la personalidad jurídica de 29 entidades feministas más.
Tras la eliminación de estos organismos, IM-Defensoras contabiliza 176 organizaciones feministas despojadas ilegalmente de su personalidad jurídica desde 2018.
En un comunicado, la entidad mesoamericana señaló que «estas cancelaciones se llevaron a cabo en cuatro jornadas (5, 12, 19 y 23 de septiembre) a través de la reforma de la Ley 1115 del pasado 24 de agosto que permite al Ministerio de Gobernación arrebatar la personería jurídica de las organizaciones sin pasar por la Asamblea Nacional».
Noticia relacionada: Ilegalización de organizaciones feministas tiene un «grave impacto» en la lucha por los derechos de las mujeres en Nicaragua
Detalló que entre las organizaciones canceladas se encuentra el Colectivo de Mujeres Itzá, «una organización con una larga e importante trayectoria de trabajo en la defensa de los derechos de las mujeres, (…) con 33 años de trabajo en defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos y dando acompañamiento a sobrevivientes de violencia machista».
Asimismo, indicó que en 2009 el colectivo «logró construir un refugio para mujeres que necesitan protección integral ante el riesgo de femicidio en el municipio de Somoto, Departamento de Madriz, el cual estaba funcionando al momento de la cancelación ilegal de su personería jurídica».
«La clausura forzada de este albergue es un ejemplo, entre muchos otros, de los impactos de estas cancelaciones sobre los derechos de las mujeres nicaragüenses, quienes quedan en situación de mayor desprotección y vulnerabilidad en un país donde los femicidios y la violencia machista están a la orden del día y donde el gobierno ha desmantelado algunas de las principales instituciones públicas que velaban por los derechos y la protección de las mujeres y que habían sido fruto de las luchas históricas del movimiento feminista», sostuvo IM-Defensoras.
El organismo mesoamericano denunció que «la cancelación de estas organizaciones se ha apoyado en procedimientos arbitrarios por parte de las instituciones responsables, las cuales han puesto todo tipo de obstáculos o directamente se han negado a recibir la documentación administrativa requerida por ley, pese a presentarla en tiempo y forma».
También, señaló que tras la ilegalización de las entidades, aparte de desmantelar las oficinas y requisar los bienes de estas, el régimen de Ortega criminaliza, hostiga y ataca a sus integrantes.
«Condenamos este nuevo acto arbitrario del gobierno neoliberal, corrupto, misógino y totalitario de Daniel Ortega contra las organizaciones feministas y contra los derechos de las mujeres nicaragüenses», subrayó.
