La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) tildó de «procedimiento express» la cancelación de personalidad jurídica a 50 organizaciones sin fines de lucro en Nicaragua, entre ellas 8 entidades feministas, que trabajan por los derechos de las mujeres.
La Asamblea Nacional, controlada por el orteguismo, aprobó la ilegalización de los organismos de sociedad civil con el voto favorable de 75 diputados, todos los de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Con las ochos entidades feministas canceladas este miércoles, se suman 34 organizaciones que trabajaban en la defensa de los derechos de las mujeres que han sido ilegalizadas por el régimen de Ortega.
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En un comunicado, el organismo mesoamericano señaló que «la cancelación de estas organizaciones se ha apoyado en procedimientos arbitrarios por parte de las instituciones responsables, las cuales han puesto todo tipo de obstáculos o directamente se han negado a recibir la documentación administrativa requerida por ley, pese a presentarla en tiempo y forma».
Resaltó que «entre las canceladas durante estos últimos días incluso hay organizaciones que se habían inscrito bajo la arbitraria y ampliamente denunciada Ley de Agentes Extranjeros».
Los ochos organismos que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres son: Asociación Movimiento de Mujeres de Chinandega (MMCH), Asociación Programa Regional Feminista La Corriente, Asociación Casa de la Mujer Bocana de Paiwas, Asociación para el Desarrollo Integral Comunitario (ADIC), Fundación Proyecto Solar para Mujeres Nicaragüenses, Fundación Fondo Centroamericano de Mujeres (FCAM), Asociación para la Promoción de la Mujer de Waslala (APROMUWA) y Fundación Nakawe.
IM-Defensoras denunció que tras la ilegalización de las entidades, aparte de desmantelar las oficinas y requisar los bienes de estas, el régimen de Ortega criminaliza, hostiga y ataca a sus integrantes.
Reiteró que la cancelación de la personalidad jurídica a las organizaciones feministas tiene un «grave impacto» sobre los derechos de las mujeres nicaragüenses, «dejándolas en una situación de mayor vulnerabilidad, exposición a la violencia y a la vulneración de sus derechos fundamentales».
El organismo recordó que Nicaragua es un país donde «al menos 71 mujeres fueron víctimas de femicidio en 2021; donde, según datos oficiales, durante ese mismo año, más de 8 mil mujeres denunciaron haber sufrido algún tipo de violencia intrafamiliar y cerca de 5 mil denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual; donde miles de mujeres trabajan en maquilas, de capital trasnacional y bajo condiciones de explotación y extrema precariedad; y donde la interrupción del embarazo está completamente penalizada desde 2006, tras el pacto de Daniel Ortega con la jerarquía católica».
«Condenamos este nuevo acto arbitrario del gobierno neoliberal, corrupto, misógino y totalitario de Daniel Ortega contra las organizaciones feministas y contra los derechos de las mujeres nicaragüenses», se lee en el comunicado.
IM-Defensoras hizo un «llamado a la comunidad internacional y a la solidaridad feminista para acuerpar a estas organizaciones y alzar la voz para denunciar esta nueva arbitrariedad contra las organizaciones feministas y por los derechos de las mujeres en Nicaragua».
