El abogado e integrante del consejo político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab) Juan Diego Barberena explicó a Artículo 66 que el régimen de Nicaragua debe de acatar lo dispuesto en la resolución de la última Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre «La crisis política y de derechos humanos en Nicaragua».
Con 32 votos a favor, el organismo continental exhortó el viernes, siete de octubre, al dictador Daniel Ortega a que conceda acceso pleno y sin obstáculos a su territorio a los organismos internacionales de derechos humanos en un espíritu de transparencia y rendición de cuentas, así como la demanda de la libertad de presos políticos y el respeto al derecho a la libertad religiosa.
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Ante esta nueva acción por parte de la OEA y sabiendo que el gobierno sandinista denunció la Carta Interamericana y se tomó las oficinas del organismo, Barberena afirmó que «Nicaragua sigue vinculada jurídicamente y debe de cumplir con sus obligaciones internacionales».
«La OEA sigue correctamente abordando y tratando el asunto de Nicaragua y en ese sentido está encaminada la resolución de la ultima Asamblea general; por lo tanto debe de cumplir con obligaciones internacionales y como secuencia debe abrir paso a una situación democrática de plena vigencia de derechos fundamentales, liberación de presos políticos, libertad religiosa e interacción con la comunidad internacional», agregó.
Sin embargo, señaló que la realidad es que además que Ortega denunció formalmente la Cara de la OEA y se tomó de forma ilegal sus oficinas, también rompió relaciones diplomáticas con Holanda, expulsó a la embajadora de la Unión Europea y ha negado la entrada al embajador de Estados Unidos Hugo Rodríguez, «lo que significa que Ortega sigue aumentando su política de aislamiento internacional y que en su semántica es la única forma de que pueden seguir manteniéndose en el poder».
«A Ortega hay que forzarlo a que cumpla»
En cuanto a la demanda de que se permita el ingreso de una delegación de la comunidad internacional para abordar la situación que vive el país, el experto aseveró que no se realizará y no se va materializar por la voluntad de Daniel Ortega.
«A Ortega hay que forzarlo a realizarla y ese forzamiento implica mayor aislamiento internacional, pero no solamente con resoluciones formales que lo que establecen son declaraciones de condena, sino con acciones más coercitivas y esto implica sanciones bilaterales a la fuente de enriquecimiento de la dictadura».
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Además insistió en la aplicación de sanciones «más robustas» que establece la Carta Democrática Interamericana en el marco de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.
«La declaración está muy bien, sin embargo se requiere forzar Ortega para que cumpla con la resolución, porque estamos ante una conducta no de buena voluntad de parte del Estado, y como no actúa como tal, hay que obligarlo», recalcó Barberena.
Por otra parte, subrayó que en cuanto a los efectos inmediatos que pueda tener la resolución, la misma puede tener un sentido simbólico debido a la negativa del régimen orteguista, «sin embargo desde una perceptiva de generar la sustentación para posteriores acciones diplomáticas en el marco de una estrategia de sanciones que puedan forzar al régimen de Ortega, esta resolución es muy importante».
Finalmente indicó que ante el constante llamado a Ortega para que respete las libertades democráticas y que se ha negado a cumplir, ahora lo que quedaría en el maro de la OEA es aplicar el Artículo 21 de la Carta Interamericana dentro de acciones multilaterales para presionar a su régimen.
En el 2019, la OEA ya había creado una primera comisión que tenía como objetivo realizar gestiones diplomáticas a fin de procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis política y social que estalló en abril de 2018 en Nicaragua, sin embargo, el régimen impidió su ingreso, y en este 2022, más bien ha incrementado la represión.