La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado de Nicaragua liberar inmediatamente a 45 personas presas políticas, recluidas en ocho centros de detención.
El presidente de la Corte IDH, Ricardo Pérez Manrique, leyó la resolución en un acto transmitido por internet; en ella acoge las medidas provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de un grupo de presos políticos de Nicaragua.
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Entre los beneficiarios se encuentran Jhon Cerna, Fanor Alejandro Ramos, Edward Lacayo, María Esperanza Sánchez, Karla Escobar, José Manuel Urbina Lara, Yubrank Suazo, Alex Hernández, Irving Larios, Róger Reyes, José Antonio Peraza, Evelyn Pinto y Eliseo de Jesús Castro.
La Corte demandó que, mientras se realizan los trámites de liberación, el Estado facilite a los reos el contacto periódico con sus familiares y abogados; así como el acceso a servicios de salud y medicamentos, y elimine las revisiones que afecten la intimidad y dignidad de los visitantes en la cárcel.
Sin embargo, esta no es la primera vez que la Corte emite resoluciones a favor de los encarcelados de Nicaragua. En junio, también solicitó la liberación de nueve presos políticos, entre ellos, los dirigentes de la empresa privada Michael Healy y Álvaro Vargas; así como los dirigentes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena.
También ha pedido por la libertad de los exaspirantes presidenciales Cristiana Chamorro y Félix Maradiaga.
La justicia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha guardado silencio sobre la solicitud hecha por los presos políticos de «El Nuevo Chipote» de ver a sus hijos menores de edad.

Los reos han insistido en tener algún tipo de comunicación con sus niños, pero la dictadura continúa sometiéndolos al aislamiento.
La desesperación es tal que los dirigentes gremiales se han declarado en huelga de hambre hasta lograr su fin.
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Al momento, la dictadura solo ha permitido un encuentro entre el reo político Miguel Mendoza y su hijo de 22 años con discapacidad conocido como «Miguelito»; y entre la rea política Tamara Dávila y su hija de seis años.
Ambos opositores llevaban más de un año sin ver a sus niños y habían anunciado que se privarían de alimentos en protesta.

Pero, muchos más no han tenido la misma oportunidad, a pesar de la cantidad de recursos judiciales y peticiones verbales que han hecho ante las autoridades de la Dirección de Auxilio Judicial.
Norma Aurora Lanzas Somoza, madre de la exdiputada liberal y ahora presa política María Fernanda Flores de Alemán, falleció la noche del martes a la edad de 75 años.
El exmandatario de Nicaragua Arnoldo Alemán denunció que las autoridades nicaragüenses no permitieron que su esposa diera el último adiós a su progenitora. Tampoco autorizaron que la madre de la exprimera dama fuera velada en ninguna casa ni que un sacerdote se presentara al lugar.
Cercanos a la familia indicaron que los parientes decidieron incineras el cuerpo de la señora Norma Lanzas para guardar las cenizas junto a las de su esposo, quien falleció el año anterior.
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El opositor Javier Álvarez Zamora denunció, desde el exilio, que su esposa, hija y yerno, quienes enfrentan juicios políticos, «no han cometido ningún delito ni han tenido ninguna participación política, sin embargo, han sido encerrados injustamente por el simple hecho de ser familiares de él».
Álvarez expresó a través de una carta que el encarcelamiento de su esposa, Jeannine Horvilleur Cuadra, de 63 años, de su hija Ana Álvarez Horvilleur, de 43, y de su yerno Félix Roiz responde a una nueva modalidad del régimen de Nicaragua que representa una «gravísima agresión y vulneración de los derechos humanos más elementales al transferir una supuesta culpa a sus familiares directos».
El opositor señaló que sus parientes presentan un delicado estado de salud y solicitó a la comunidad internacional ejercer más presión para lograr su libertad de sus familiares.