Luego que el lunes, tres de octubre, la justicia de Daniel Ortega acusara a cuatro trabajadores del diario La Prensa por el supuesto delito de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional», el medio señaló que la dictadura las está criminalizando «por trabajar para el diario».
En un pronunciamiento del medio de comunicación, publicado este miércoles, cinco de octubre, el editor en jefe de La Prensa, Eduardo Enríquez, calificó de «barbaridad» las acciones represivas «contra unas personas que de lo único que les pueden señalar es de trabajar».
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«Les están inventando delitos y los llevan a un proceso que si sigue la misma línea que ha seguido el de las otras personas, van a resultar condenados a largos años de prisión causándoles un daño indescriptible a sus vidas», denunció el periodista.
Además señaló que los trabadores de La Prensa presos y procesados no pertenecían a ninguna agrupación política, ni mucho menos ejercían cargos de decisión en un medio de comunicación, y que solo «son trabajadores y no han cometido ningún delito».
Por otra parte, La Prensa mencionó las medidas cautelares otorgadas el 30 de septiembre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de su gerente general, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, quien está preso desde agosto del año pasado y ha sido condenado a nueve años de prisión.
El diario manifestó que pese a los llamados de la CIDH a que Ortega respete los derechos humanos de Holmann Chamorro, la realidad es que las medidas solo son acatadas «por los gobiernos que respetan el orden jurídico internacional. Los demás no les hacen caso y menos aquellos que han decidido salirse de la OEA», en referencia del régimen orteguista.
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El medio recordó que Nicaragua es el único país en el mundo donde no hay ni un solo periódico escrito. «La Prensa, con casi 100 años de antigüedad, fue obligada a dejarse de imprimir (…) Tres de sus directivos fueron encarcelados y condenados a varios años de prisión, la propiedad, instalaciones y maquinaria del periódico fueron confiscadas y todo su personal de redacción tuvo que irse al exilio…».
Desde el allanamiento ilegal de La Prensa, el 13 de agosto de 2021, y luego la confiscación de sus instalaciones, el medio ha logrado sobrevivir en su versión digital, sin embargo la dictadura no le ha bastado la detención de tres directivos, sino que emprendió «una cacería» contra sus colaboradores, a quienes criminaliza en su derecho al trabajo.
