La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó al Estado de Nicaragua liberar a 45 personas detenidas durante la crisis sociopolítica que atraviesa el país y a quienes organizaciones no gubernamentales identifican como presos políticos.
El presidente de la CorteIDH, Ricardo Pérez, leyó en un acto transmitido por internet una resolución unánime del tribunal en la que acoge las medidas provisionales solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Entre los beneficiarios de las medidas están Edward Enrique Lacayo, María Esperanza Sánchez, Karla Vanessa Escobar, Wilfredo Alejandro Brenes, Irving Isidro Larios, Róger Abel Reyes, José Antonio Peraza y Evelyn Pinto.
Organizaciones nicaragüenses de derechos humanos denunciaron la detención arbitraria, incomunicación y destierro impuestos por el régimen de Daniel Ortega en contra de familiares de opositores y trabajadores del diario La Prensa, quienes recientemente fueron acusados de diversos delitos tras varios días de permanecer bajo «secuestro».
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, indicó que «son personas inocentes, sustraídas de sus hogares, convertidas en rehenes u obligadas a huir; lo cual, es una realidad cruel, cuya magnitud no la revelan las cifras publicadas».
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Se trata de 17 personas que fueron acusadas de presunto menoscabo a la integridad nacional, traición a la patria y noticias falsas, entre ellas, cinco familiares de perseguidos políticos, cuatro trabajadores del medio de comunicación y cuatro opositores con orden de captura.
El acusado Javier Álvarez Zamora, quien es procesado en ausencia, dijo desde el exilio que el régimen lo amenazó con encarcelar a sus parientes si él no se entregaba. La dictadura decidió desquitarse con su esposa e hija, y otros familiares que permanecían en un limbo legal en las celdas de «El Nuevo Chipote», en Managua.
Para el Cenidh no basta la denuncia pública, por lo que urgió desarrollar nuevos mecanismos de defensa a los derechos humanos en Nicaragua.
Por su parte, los abogados del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más calificaron de «infames» estas acusaciones por «violar los derechos y garantías constitucionales en presuntas audiencias sin la publicidad establecida para los procesos penales».
Los defensores repudiaron, en particular, la acusación en contra de 13 opositores y sus parientes.
El experto en administración de justicia Yader Morazán reveló que los cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un laico de la diócesis de Matagalpa, allegados a monseñor Rolando Álvarez, fueron acusados por los presuntos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas, en perjuicio de la sociedad y Estado de Nicaragua.
Los religiosos fueron llevados bajo «secretismo» a audiencia preliminar el 22 de septiembre, ante la jueza sandinista Nalia Nadezdha Úbeda Obando. Pero los cargos permanecían sin ser presentados públicamente hasta ahora.
Morazán también reveló que en el caso participa el fiscal Manuel de Jesús Rugama, quien, según reportes, es un expolicía y fue el encargado de acusar anteriormente al sacerdote de Mulukukú.
Este fiscal pidió a la jueza que se declarara la tramitación compleja porque supuestamente la Policía sigue «investigando». La jueza, por su parte, decidió asignarles defensores públicos a los religiosos.
Los nuevos religiosos perseguidos por la dictadura son los sacerdotes Ramiro Tijerino, Sadiel Eugarrios, José Luis Díaz; diácono Rául Antonio Vega, los seminaristas Darvin Leiva y Melkin Centeno y el camarógrafo de la diócesis Sergio Cárdenas Flores.
Todos ellos fueron sustraídos de la curia episcopal de Matagalpa el 19 de agosto, donde se encontraban retenidos por la Policía junto a monseñor Álvarez. Desde entonces se encuentran cautivos en «El Nuevo Chipote», en Managua.
La vocera del régimen, Rosario Murillo, arremetió contra los Países Bajos señalándolo de sostener sus «riquezas sobre sangre, esclavitud y crímenes de lesa humanidad».
Murillo atacó al país europeo por cancelar el financiamiento al proyecto del Hospital Regional en el Caribe Norte de Nicaragua, en 2018. El discurso violento de la esposa de Daniel Ortega es lanzado días después que la dictadura de Nicaragua rompiera las relaciones diplomáticas con esa nación tras acusarla de mantener una posición «injerencista».
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Un informe del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más registró 150 casos de torturas desde 2019 hasta octubre de 2022, perpetradas por el régimen de Daniel Ortega.
El documento destaca la práctica de la «tortura blanca» en las cárceles del país, en las que los presos políticos sufren aislamiento, incomunicación, escasez de alimentos, la negación de recibir materiales de lectura y la falta de regulación de visitas familiares.
El eurodiputado Javier Nart insistió en su solicitud de poder visitar a Dora María Téllez en la cárcel. En una misiva enviada a Irana Venerio Fernández, embajadora de Nicaragua ante la Unión Europea (UE), el parlamentario le pide a la delegada de Ortega que le transmita al dictador Daniel Ortega su deseo de ver a la comandante guerrillera y a sus otros «heroicos compañeros de lucha» encarcelados por el régimen.
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El eurodiputado se declara «orgulloso» de haber sido partícipe de esa lucha contra Somoza y haber compartido armas con Dora María Téllez, de quien destacó fue ministra de Salud y fundadora del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), actual Unión Democrática Renovadora (Unamos); y en esta ocasión, le solicitó a la embajadora del régimen que le traslade a las autoridades nicaragüenses que «las condiciones de prisión de Dora Maria Téllez sean las correspondientes a los mínimos estándares de la comunidad internacional que se dice civilizada».
El régimen de Nicaragua oficializó la creación de la «Ley del Teatro Nacional Rubén Darío» que otorga al director el rango de ministro y lo deja bajo control del Ejecutivo.
El director será nombrado por el presidente de la República, y contará con subdirectores que serán nombrados por el propio director. La Ley establece que el teatro no podrá ser usado para actividades que, según Daniel Ortega, «desvirtúen la finalidad para la cual ha sido creado»
