La justicia de Daniel Ortega acusó a los sacerdotes y seminaristas que acompañaron durante 16 días al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, del delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de tecnologías de la información y la comunicación, en perjuicio de la sociedad y el Estado de Nicaragua.
Los procesados por el régimen de Ortega son el primer y segundo vicario de la catedral de San Pedro, de Matagalpa, José Luis Díaz y Sadiel Eugarrios, respectivamente; así como los sacerdotes Ramiro Tijerino—rector de la Universidad Juan Pablo II—y el padre Raúl Vega González.
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Enfrentan los mismos cargos los seminaristas Darvin Leiva y Melkin Centeno Sequeira, al igual que el camarógrafo Sergio Cárdenas, los que permanecieron junto a monseñor Álvarez en la sede episcopal desde el cuatro de agosto.
La noticia fue dada a conocer por el exfuncionario del Poder Judicial y experto en administración de justicia, Yader Morazán. Cabe destacar que la acusación estaba desde el 22 de septiembre, pero se desconocía la naturaleza del delito que les adjudicaban, fue hasta que «le permitieron a la jueza Nadia Úbeda Obando, —del juzgado quinto de lo penal— publicar las actuaciones», señaló el jurista desde el exilio.
La acusación fue expuesta en audiencia «clandestina» en el auditorio del Complejo Judicial de Managua por el fiscal Manuel de Jesús Rugama Peña, quien —según Morazán— pidió a la jueza que declarara su competencia para el conocimiento de dicha causa, después de haberlos sustraído del juez natural que les correspondía en la ciudad de Matagalpa.
Además señaló que Rugama Peña sugirió que se corrigieran errores de la acusación y que se declarara la tramitación compleja, porque afirmó que la Policía seguía investigando, «como si no fuese esa la naturaleza de la audiencia especial de ampliación de Investigación que les habían celebrado el 22 de agosto».
Sin abogados de confianza
Otra situación que señaló Yader Morazán es que a los religiosos se les negó el derecho a tener un abogado de su confianza (privado), sino que «descaradamente la jueza Nadia —Úbeda Obando—, al constatar la presencia de las partes, “se enteró” que los acusados no constaban con una defensa privada de su confianza, por lo que procedió a nombrarles defensoras públicas que de “casualidad” se encontraban ahí fuera de su jornada laboral».
Según reveló el exfuncionario del Poder Judicial, al padre Ramiro Reynaldo Tijerino se le asignó la defensora pública María Verónica Nieto Guillén. Al sacerdote Sadiel Antonio Eugarrios Cano y al camarógrafo Sergio José Cárdenas flores, la jueza quinto les asignó a la defensora pública Ethelvina Guisselle Sobalvarro Cruz.
La licenciada Heidi Jennifer Cárdenas Rosales fue asignada para representar al padre acusado José Luis Díaz Cruz, primer vicario de la catedral de Matagalpa y al seminarista Melkin Antonio Centeno Sequeira.
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Finalmente, Brenda Josefina Enrique Galeano fue impuesta para representar al padre acusado Raúl Antonio Vega González y al seminarista Darwin Steylin Leiva Mendoza de 19 años.
Además señaló que las defensoras públicas pidieron que a los acusados se les cambiara la medida cautelar por una que no sea la prisión preventiva (según el acta). «Como era de esperarse, la jueza ignoró todas las peticiones de las defensoras públicas impuestas a puertas cerradas a los sacerdotes y admitió todos los pedimentos del fiscal», sostuvo.
El abogado refirió que aunque en ese proceso el régimen simuló transparencia, siempre realizaron las audiencias clandestinas con defensas impuestas; publicaron las actas 11 días después de la audiencia; «admitieron una acusación que con jueces de verdad hubiese sido rechazada y concedieron la tramitación compleja».
La dictadura de Nicaragua se ha ensañado contra la Iglesia católica a los que ha tildado de «diabólicos» y «traidores». Poco a poco, Ortega ha ido engrosando la lista de sacerdotes presos, hasta el momento son más de diez religiosos que está siendo parte de procesos judiciales en su contra y dos ya fueron condenados. En cuanto a monseñor Álvarez, este no tiene acusación formal y se desconoce donde está secuestrado.
