El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más emitió su séptimo informe sobre la «situación de tortura en el país» en el que destacan la concentración de poder que ha permitido ataques sistemáticos contra opositores. Desde 2019 hasta la fecha, la organización contabiliza 150 denuncias de víctimas de torturas.
«Este informe fue el punto de partida de una nueva etapa de represión, ya que las principales acciones en el año 2022 se concretaron con asedios, apoderamiento de bienes inmuebles, detención y judicialización de líderes opositores, periodistas y colaboradores de medios de comunicación independientes, artistas, sacerdotes e inclusive militantes sandinistas que han emitido criterios contra el gobierno. La concentración del poder y la absoluta demolición de la institucionalidad por el Ejecutivo ha facilitado que Nicaragua se transforme en un Estado de excepción de facto y un Estado de terror», destaca el documento.
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Denuncian que Daniel Ortega «tiene instalado un régimen de supresión de todas las libertades, mediante el control y vigilancia de la ciudadanía y la represión ejercida desde las instituciones de seguridad estatales y paraestatales todo avalado por los demás poderes del Estado; en concertación con las instituciones de control. No existe en el país un sistema de pesos y contrapesos puesto que todas las instituciones responden a las orientaciones del Ejecutivo, lo cual ha facilitado la instalación de un sistema de torturas contra personas presas políticas».
«Desde el 2019 a la fecha el Colectivo ha recibido 150 denuncias de víctimas de torturas, y, monitoreado esta situación en los informes anteriores del Observatorio Nicaragüense contra la Tortura, demostrando la sistematicidad con que esta es practicada impunemente», refiere el documento.
La organización también reitera el el régimen continúa violando los derechos básicos de las personas presas políticas porque considera que en Nicaragua no existe Estado de derecho y los sistemas penales y carcelarios se utilizan de forma «discrecional». Actualmente el Colectivo contabiliza 215 personas encarceladas por la dictadura Ortega-Murillo.
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En este sentido, el organismo reitera que continúan rechazando la «falta de atención médica oportuna y especializada dirigida a erosionar el estado físico de personas presas políticas. Situación que se ha mantenido durante el último semestre. La falta de atención médica oportuna ha llevado al incremento de los casos de hospitalización en la población de presas y presos políticos, y a la aparición y empeoramiento de enfermedades crónicas», consideran que esto constituye un método de torturas.
Nicaragua vive desde abril de 2018 una grave crisis social, política, económica y de derechos humanos desatada por la cruenta represión del régimen contra la población. Organismos internacionales documentaron que en el país se cometieron crímenes de lesa humanidad, los mismo continúan demandando el respeto de los derechos a los ciudadanos opositores y la libertad para quienes han sido apresados.
