Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresaron su preocupación sobre las crecientes restricciones a las libertades fundamentales de expresión, reunión pacífica y asociación ejecutadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.
Ambas organizaciones internacionales consideran que las acciones de la dictadura de Nicaragua están «llegando a un punto crítico» y urgieron a las autoridades nicaragüenses que cesen «la represión del espacio cívico y garanticen el acceso a la justicia a las víctimas de violaciones de derechos humanos».
«El Estado de Nicaragua debe cesar inmediatamente la persecución judicial a todas las voces críticas, liberar a las personas presas por motivos políticos y garantizar una investigación rápida, imparcial y exhaustiva sobre las denuncias de violaciones de los derechos humanos, que asegure la rendición de cuentas de las personas responsables y la reparación efectiva de las víctimas», destacaron los expertos en una declaración conjunta divulgada en sus páginas web.
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Además, exhortaron a la dictadura a «abstenerse de utilizar la ley de forma arbitraria y selectiva, y de aplicar prácticas gubernamentales abusivas, con el fin de obstaculizar o restringir la participación ciudadana y la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación».
También, retratan la situación de las más de 200 personas presas políticas que son víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes; urgieron que se respeten sus derechos fundamentales, que sean tratadas con «humanidad». En la misma declaración alertan de la situación de los actores de sociedad civil que han tenido que huir del país ante la persecución estatal y el cierre de las ONG.
Ante estos hechos, llamaron a los Estados a abrir las fronteras y garantizar «la entrada de emergencia en su territorio a los actores de la sociedad civil que busquen protección internacional o demuestren necesidades humanitarias urgentes, incluyendo el reconocimiento del estatus de refugiado».
Nicaragua vive desde abril de 2018 una grave crisis social, política, económica y de derechos humanos desatada por la cruenta represión del régimen contra la población que se manifestaba en contra de unas reformas fallidas al seguro social. Esa represión dejó un saldo de 355 personas asesinadas. Organismos internacionales documentaron que en el país se cometieron crímenes de lesa humanidad.
