El abogado y exfuncionario del Poder Judicial, Yader Morazán, afirmó que el juez orteguista Edén Aguilar, fiel servidor de la dictadura de Nicaragua, rechazó el recurso de apelación presentado en favor del padre de monseñor Leonardo Urbina. Pero, aprobó el trámite de apelación remitido por la defensora impuesta al religioso.
«El juez ha verificado si ambas apelaciones cumplen con los requisitos formales de presentación del escrito, para remitir el expediente al Tribunal de Apelaciones y sea este órgano quien conozca y resuelva únicamente la apelación de la “defensora” Jeniffer Hernández. La decisión se dio a conocer hoy a las 12:02pm a través de notificaciones», notificó el experto en administración de justicia.
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Recientemente, Morazán denunció que la defensora Jennifer Elieth Hernández, impuesta a monseñor Urbina, fue «la asistente de confianza del juez Edén Aguilar que lo condenó, lo que provoca una queja disciplinaria y nulidad del proceso por no inhibirse». Explicó que los cargos de confianza son una decisión exclusiva del juez por lo cual la defensora pública debió inhibirse del proceso contra monseñor Urbina.
«La confianza de ese cargo es tal, que ni los superiores pueden imponer al juez al asistente a cargo, es una decisión exclusiva del Juez. Es un cargo de mucha confianza, porque los asistentes acceden anticipadamente a las decisiones que el juez tomará. Algunos asistentes llegan incluso, a incidir en las decisiones de los jueces, y cambiar el rumbo de lo decidido por el juez. En algunos casos, los superiores del juez a veces prefieren entenderse con el asistente, quienes pueden tener más habilidades en el manejo del despacho judicial», refirió Morazán.
Hernández fue designada en julio pasado, la misma funcionaria judicial que lo representó en la primera audiencia donde se aceptó la acusación por abuso sexual en concurso real de con el delito de violación a menores de 14 años y en concurso ideal con el delito de lesiones psicológicas a una menor de 12 años.
Monseñor fue condenado a una pena de 30 años en un juicio celebrado a puertas cerradas. Urbina Rodríguez, de 51 años, era párroco de la iglesia Perpetuo Socorro, de la ciudad de Boaco, y se convierte en el segundo sacerdote en ser condenado por el régimen por delitos comunes. Actualmente existen un total de 11 sacerdotes encarcelados por la dictadura.
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Según la familia del religioso, el juez Aguilar Castro impidió el derecho de nombrar a un abogado defensor particular, pese a que hicieron cuatro peticiones al respecto.
Morazán resalta que «el escrito de apelación lo suscribió el papá de monseñor, porque el juez sigue aún sin pronunciarse sobre los más de 5 escritos de nombramientos de un abogado defensor de confianza».
