El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo impidió la entrada al país al abogado Francisco Omar Gutiérrez, quien desde el pasado 25 de julio espera se le admita como defensor privado de monseñor Leonardo Urbina, párroco de la Iglesia del Perpetuo Socorro, de Boaco.
El litigante salió de Nicaragua el pasado nueve de septiembre —según explica— para visitar a unos familiares en Miami, Estados Unidos; pero al querer retornar el jueves 15 de septiembre a su país, la línea aérea Avianca le informó que la Dirección General de Migración y Extranjería no autorizó su ingreso a Nicaragua y que no le permitirían embarcar.
En menos de una semana, el litigante es el tercer nicaragüense al que la dictadura le negó el ingreso a su país. El régimen también impidió la entrada al padre Juan de Dios García, vicario de la parroquia Santo Cristo de Las Colinas; y a la socióloga, activista y feminista María Teresa Blandón.
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«Yo desconozco cuales son los argumentos legales, por los cuales me dejan en el limbo fuera de mi patria», manifestó Gutiérrez a Despacho 505.
Francisco Omar Gutiérrez, de 62 años, es nicaragüense, originario de Boaco y cuenta con 29 años de experiencia como abogado. «Acaban con 30 años del ejercicio de mi profesión, nunca he sido amonestado en el ejercicio de mi profesión porque he actuado con profesionalismo, con ética», lamentó.
El defensor fue nombrado por la familia de monseñor Leonardo Urbina Rodríguez como su abogado y aunque José Ángel Urbina, papá del sacerdote, ha interpuesto siete escritos para designar al defensor privado, el juez Edén Aguilar no ha admitido las solicitudes, lo que ha provocado que sea un proceso lleno de irregularidades.
Pese a las solicitudes de la familia del religioso, en el juicio por supuesto abuso sexual y violación, monseñor Urbina fue representado por la defensora pública Jennifer Elliett Hernández Granera.
El párroco de la iglesia Perpetuo Socorro, de Boaco, fue condenado a 49 años de cárcel, de los cuales cumplirá 30 (por mandato constitucional) en la cárcel Modelo, de Managua.
Además, el padre de monseñor Leonardo Urbina también introdujo apelación de la sentencia, pero el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) aún no se pronuncia. La defensora pública hizo lo mismo, a pesar que la familia insiste que se le designe su abogado privado.
«Como permite el Art. 102 CPP (Código Procesal Penal) cuando se trata de privados de libertad como mi hijo, a quien no hemos visto ni tenido ningún contacto en siete semanas, pido por séptima ocasión se tenga como defensor privado de nuestra elección en sustitución de la defensora pública que compareció ofreciendo sus servicios y usted le escogió», se lee en el documento dirigido al juez Edén Aguilar, titular del juzgado Tercero Especializado en Violencia de Managua.
Asimismo, indica que «a mi hijo se le tramitó proceso y se realizó juicio, se declaró culpabilidad y se le condenó con negativa a tener como defensor al abogado de elección y se impuso una defensora pública, a quien nunca hemos visto o conversado ni le conocemos ni confiamos, situación que se mantiene hasta hoy».
