El sacerdote Edwin Román, expárroco de la iglesia San Miguel Arcángel, de Masaya, y exiliado en Estados Unidos, llamó a través de Twitter a «denunciar y condenar al dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, y a su mujer (la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo)».
Según el religioso, este gesto «es hacer Patria». La exhortación del padre Román fue publicada en las primeras horas de este 14 de septiembre, justo cuando Nicaragua celebra el aniversario 166 de la histórica batalla de San Jacinto, una gesta heroica que en el país se vive como una segunda independencia.
Cada 14 de septiembre, Nicaragua conmemora la histórica batalla ocurrida en 1856, que tuvo como escenario la hacienda San Jacinto, unos 42 kilómetros al norte de Managua, en la que miembros del Ejército nicaragüense en desventaja vencieron a las fuerzas del filibustero estadounidense William Walker, quien pretendía apoderarse de Centroamérica.
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En la batalla de San Jacinto, una de las más cruentas documentadas en Nicaragua, el general José Dolores Estrada y sus 180 hombres derrotaron a unos 300 estadounidenses encabezados por Walker, quien pretendía imponer su dominio en Centroamérica, según los registros históricos.
La batalla de San Jacinto también fue escenario de los sucesos patrióticos más trascendentales de Nicaragua, protagonizado por el sargento Andrés Castro, quien al verse desarmado tomó una piedra y la lanzó a uno de los filibusteros, matándolo en el instante, lo que supuso un golpe moral para los invasores, que terminaron huyendo.
Aunque Walker logró proclamarse presidente de Nicaragua, no se repuso de la derrota en la batalla de San Jacinto, un punto de tránsito clave entre los grandes lagos Cocibolca y Xolotlán en el siglo XIX.
Walker murió ejecutado en Honduras por un pelotón del Ejército hondureño el 12 de septiembre de 1860, tras insistir en conquistar Centroamérica.
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Una buena parte de los sacerdotes católicos se han posicionado contrarios a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, desde que el régimen sandinista desató una sangrienta cacería contra jóvenes y pobladores de la mayoría de departamentos del país, después del 18 de abril de 2018, la que dejó un saldo trágico de por lo menos 355 muertos, miles de heridos, centenares de encarcelados y por lo menos unos 150 mil exiliados.
El gobierno de Ortega, por su lado, emprendió una oleada de ataques e insultos contra los sacerdotes y obispos católicos del país, a quienes ha acusado de «golpistas», «terroristas» e «hijos del demonio».
En el 2019, Ortega obligó al exilio al obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio José Báez. Más tarde, la propia vicepresidenta Rosario Murillo lanzó una serie de amenazas contra el sacerdote Edwin Román, a quien acusaba de impulsar el «golpe de Estado» contra el gobierno, por criticar la violencia estatal y proteger a los manifestantes que eran reprimidos en Masaya. Román tuvo que exiliarse también en Miami, Estados Unidos.
En las semanas recientes, la administración Ortega-Murillo ha emprendido una feroz persecución contra sacerdotes. Tiene encarcelados a dos curas, uno acusado por delitos sexuales contra una menor y otro por violencia contra una mujer y amenazas contra unos activistas sandinistas de Nandaime (sur del país).
A un tercer sacerdote de la Diócesis de Siuna (Caribe Norte) lo encarcelaron, y hasta la fecha no se conoce causa legal que justifique la detención.
Más tarde, Ortega desplegó un cerco de policías sobre la Curia Episcopal de Matagalpa, la que tenía como propósito encerrar al obispo Rolando Álvarez. 15 días mas tarde, en horas de la madrugada, la Policía tomó por asalto la casa cural y secuestró al obispo y por lo menos ocho colaboradores suyos, entre sacerdotes, seminaristas y laicos. 40 días después, el obispo Álvarez está en «prisión domiciliar», sin que se sepa exactamente dónde, mientras que los demás religiosos han sido conminados a la cárcel de El Chipote, denunciada por opositores como un centro de torturas de la Policía.
