La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) medidas provisionales para 45 presos políticos que están detenidos en ocho centros penitenciarios por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La organización también pidió el mismo beneficio a los respectivos grupos familiares de los reos de conciencia, quienes se encuentran en «una situación de extrema gravedad y urgencia de daños irreparables a sus derechos».
La Comisión afirma que las personas solicitantes son identificadas como «manifestantes de las protestas iniciadas en el 2018 y opositoras al gobierno actual». Además, son integrantes de diversos sectores de la sociedad civil y han expresado su desacuerdo con las políticas de la dictadura Ortega Murillo.
Las personas propuestas beneficiarias de la solicitud de medidas provisionales son: Jhon Cristopher Cerna Zúñiga, Fanor Alejandro Ramos, Edwin Antonio Hernández Figueroa, Víctor Manuel Soza Herrera, Michael Rodrigo Samorio Anderson, Néstor Eduardo Montealto Núñez, Francisco Xavier Pineda Guatemala, Manuel de Jesús Sobalvarro Bravo, Richard Alexander Saavedra Cedeño, Luis Carlos Valle Tinoco y Víctor Manuel Díaz Pérez.
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También Nilson José Membreño, Edward Enrique Lacayo Rodríguez, Maycol Antonio Arce, María Esperanza Sánchez García, Karla Vanessa Escobar Maldonado, Samuel Enrique González, Mauricio Javier Valencia Mendoza, Jorge Adolfo García Arancibia, Leyving Eliezer Chavarría, Carlos Antonio López Cano, Lester José Selva y Eliseo de Jesús Castro Baltodano.
Además de los presos políticos Kevin Roberto Solís, José Manuel Urbina Lara, Benjamín Ernesto Gutiérrez Collado, Yubrank Miguel Suazo Herrera, Yoel Ibzán Sandino Ibarra, José Alejandro Quintanilla Hernández, Marvin Antonio Castellón Ubilla, Lázaro Ernesto Rivas Pérez, Gustavo Adolfo Mendoza Beteta, Denis Antonio García Jirón, Danny de los Ángeles García González y Steven Moisés Mendoza.
Completan la lista Wilber Antonio Prado Gutiérrez, Walter Antonio Montenegro Rivera, Max Alfredo Silva Rivas, Gabriel Renán Ramírez Somarriba, Wilfredo Alejandro Brenes Domínguez, Marvin Samir López Ñamendis, Irving Isidro Larios Sánchez, Róger Abel Reyes Barrera, José Antonio Peraza Collado y Rusia Evelyn Pinto Centeno.
Las 45 personas solicitantes de las medidas provisionales ya cuentan con medidas cautelares de la CIDH, pero aún el régimen Ortega Murillo las mantiene presas en los siguientes centros penitenciarios: Complejo Penitenciario Jorge Navarro o “Cárcel La Modelo”, Complejo de Auxilio Judicial “Evaristo Vásquez” o Nuevo Chipote o “El Chipote”, Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres (EPIM) “La Esperanza”, Servicio Penitenciario Nacional (SPN) Granada, Sistema Penitenciario Nacional (SPN) Matagalpa o SPN de Waswalí, Sistema Penitenciario Nacional (SPN) Chinandega, Sistema Penitenciario Nacional (SPN) Jinotepe y Centro Penitenciario de Cuisalá.
«Las personas no cuentan con las garantías mínimas, propias de todo proceso judicial, en un contexto en el cual sigue el escalamiento de la crisis en Nicaragua. El Estado sigue sin proporcionar información concreta, detallada y actualizada sobre su situación actual, pese a las solicitudes de información realizadas y reiteradas en el marco de la vigencia de las medidas cautelares, y se observa que la situación de riesgo se ha agudizado con el transcurrir del tiempo», señala la CIDH.
«Las condiciones actuales de detención, así como las denuncias múltiples, circunstanciadas y consistentes sobre violaciones a los derechos humanos en sus causas sugieren que, en el marco del contexto ya acreditado ante la Corte Interamericana, dicha privación de libertad guarda estrecha relación con una intención dirigida a silenciar a estas personas mediante represalias», añade.
El Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas registra un total de 205 personas privadas de libertad en el contexto de las protestas sociales iniciadas en abril de 2018 y que están detenidas injustamente por denunciar las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses por parte de la dictadura orteguista.
