La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció que persisten las «graves condiciones de detención» para los presos políticos de Ortega, quienes no tienen acceso a la salud y por lo tanto, sus enfermedades se han agudizado, tienen alimentación insuficiente, y son sometidos a regímenes de aislamiento o castigo de manera arbitraria.
«A través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), se recibió información persistente sobre las graves condiciones de detención de las personas privadas de la libertad en las diferentes instalaciones del Sistema Penitenciario Nacional como “La Modelo”, “La Esperanza” y Waswalí», detalló el organismo en un comunicado, con fecha de cinco de septiembre.
Ante esta situación, la CIDH y la REDESCA manifestaron su preocupación «por la situación de salud y las condiciones de detención» de los rehenes de la dictadura; y demandaron a la administración de Daniel Ortega liberar inmediatamente a las más de 200 personas presas políticas.
Noticia relacionada: Monseñor Rolando cumple 17 días del secuestro y casi un mes de cerco policial por parte de Daniel Ortega
El organismo indicó que también recibió información respecto «al grave deterioro de salud y estado físico de las personas detenidas en la Dirección de Auxilio Judicial».

El deterioro de los opositores encerrados en «El Nuevo Chipote» se debe «al prolongamiento de la privación de libertad bajo condiciones aún más deplorables e insalubres, la persistencia de hechos de maltrato, aislamiento, incomunicación, interrogatorios constantes, la falta de alimentación adecuada y suficiente, así como falta de acceso a atención médica oportuna, adecuada y especializada», aseguró.
«Asimismo, la CIDH conoció sobre la celebración de audiencias privadas realizadas entre 30 de agosto y 1 de septiembre, en las cuales, las 27 personas presas políticas en El Chipote fueron presentadas ante el Tribunal de Apelaciones de Managua, alegadamente con la finalidad de ser informadas sobre su situación legal», resaltó.
«Según fuera indicado, dichas audiencias no tendrían fundamento legal, se habrían realizado sin notificación previa y en ausencia de representación legal», agregó.

Para la CIDH las imágenes divulgadas de los presos políticos por los medios de propaganda del régimen de Ortega, constatan el «deterioro físico y delgadez extrema», que sufren los opositores.
Además, subrayó que «la exhibición pública o a través de medios de comunicación en forma humillante de las personas detenidas podría constituir una forma de trato cruel, inhumano o degradante, en el contexto de los patrones sistemáticos de represión que enfrentan las personas presas políticas en Nicaragua».
La entidad señaló que de acuerdo a los “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”, los rehenes de la dictadura de Ortega «tienen derecho a recibir un trato humano, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos fundamentales, en especial a la vida e integridad personal, y a sus garantías fundamentales, como lo son el acceso a las garantías judiciales indispensables para proteger derechos y libertades».
Reiteró que «la obligación del Estado de respetar la integridad física, no emplear tratos crueles, inhumanos y de respetar la dignidad inherente al ser humano, se extiende a garantizar el acceso a la atención médica adecuada de las personas privadas de libertad».

La CIDH le demandó al régimen de Ortega garantizar las condiciones mínimas para los presos políticos y así «contribuir al goce efectivo de aquellos derechos que en ninguna circunstancia pueden restringirse, como son el derecho a la alimentación y a la salud».
A su vez, la Comisión y la REDESCA solicitaron a la dictadura el ingreso a Nicaragua de personas independientes, que «puedan realizar una evaluación completa, ya que no existen garantías sobre la independencia de los reportes médicos internos».
«La liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente en el contexto de la crisis en Nicaragua es urgente, por lo que una vez más, la CIDH y REDESCA instan al Estado de Nicaragua a hacerlo como primer paso para la restitución del orden democrático», concluyeron.