El exministro de educación de Nicaragua, Humberto Belli, demandó que se apliquen sanciones al Ejército de Nicaragua que es «leal» a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo «por sus negocios y por el dinero que recibe de Ortega». Además, que Estados Unidos intervenga los fondos de pensiones del cuerpo castrense o sus cuentas en el extranjero.
«Si ellos se dan cuenta que estar con Ortega les perjudica más que estar sin Ortega, entonces dejarían su lealtad con el gobierno. Eso solo sucedería si sus fondos de pensiones o sus cuentas en el exterior son congeladas y son procesados», aseguró el exministro en el evento «Persecución religiosa y cierre del espacio cívico» organizado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), realizado recientemente en Estados Unidos.
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Estados Unidos ya sancionó en mayo de 2020 a altos mandos del Ejército de Nicaragua, entre ellos el general Julio César Avilés, jefe del cuerpo castrense, por «apoyar al corrupto régimen» de Daniel Ortega. El Tesoro afirmó que Avilés «está alineado políticamente con el presidente Ortega, se negó a ordenar el desmantelamiento de las fuerzas paramilitares o “parapolíticas” durante y después de los levantamientos políticos que comenzaron el 18 de abril de 2018».
El fondo de pensiones del Ejército
En el evento también participó Deborah Ullmer, directora regional de programas para Américas Latina y el Caribe del Instituto Nacional Demócrata (NDI). Ullmer señaló que existen dos factores claves para responder a la escalada represiva del régimen Ortega-Murillo y esto sería ir tras los fondos de pensiones que el Ejército nicaragüense tiene en Estados Unidos y otros negocios con sus aliados.
La directora del NDI señaló que los militares hacen negocios a través de «una red cleptocrática» con testaferros y aliados en América Central, como exfuncionarios hondureños del expresidente Juan Orlando Hernández, actualmente detenido en Estados Unidos, acusado de narcotráfico.
«Son negocios que cruzan por Centroamérica, necesitamos estar siguiendo el dinero, necesitamos presionar a otros gobiernos centroamericanos para que lo hagan», enfatizó.
El año pasado la Unión Democrática Renovadora (Unamos) planteó sentar en el banquillo de los acusados a los altos mandos del Ejército de Nicaragua por la responsabilidad que le achacan en la represión contra los nicaragüenses en las protestas de 2018, actos de corrupción y su complacencia con la dictadura, por lo cual también apuestan a la desaparición de la institución castrense.
El grupo opositor señala que un gobierno democrático en Nicaragua investigue a esa entidad para determinar su responsabilidad institucional y la de sus militares en asesinatos de campesinos, espionaje político, operación de grupos paramilitares, y cualquier acción represiva violatoria de la Constitución y las leyes.
En junio de 2021 un grupo bipartito de senadores de Estados Unidos solicitó al presidente norteamericano Joe Biden investigar los bienes del Ejército de Nicaragua en esa nación y ampliar las sanciones al círculo de poder de Daniel Ortega.
El comportamiento de la institución castrense durante la crisis de abril de 2018 fue cuestionada por la ciudadanía y por los organismos de derechos humanos que le pedían al órgano armado desarmar a los paramilitares que, en conjunto con la Policía Nacional, cobraron la vida de más de 300 personas.
