En su arremetida contra la libertad de asociación, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de la Asamblea Nacional y el Ministerio de Gobernación (Migob), ordenó el cierre de 200 organizaciones no gubernamentales (ONG), según el diario oficial La Gaceta No. 163 de este miércoles, 3 de agosto de 2022.
El decreto AN No. 8826 del parlamento orteguista y el acuerdo ministerial No. 02-2022-OSFL del Migob, publicados en La Gaceta, consuman la estocada de la dictadura a los dos centenares de ONG que operaban en Nicaragua. La asociaciones y fundaciones canceladas ejecutaban sus programas y proyectos en los departamentos de Masaya, Managua, Jinotega, Granada, León, Rivas, Chinandega, Nueva Segovia y Estelí.
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El acuerdo del Migob, firmado por la ministra de Gobernación, Amelia Coronel Kinloch, justifica la ilegalización de las 200 ONG por supuestamente estar «en abandono y en incumplimiento de sus obligaciones conforme las leyes que los regulan por un tiempo de entre ocho y 27 años». A dichos organismos les cancelaron sus permisos de operaciones para trabajar en el país.
Entre las 100 ONG ilegalizadas por la Asamblea de la dictadura se encuentra la Asociación de Teatro Justo Rufino Garay, que fue votada por la aplanadora sandinista el pasado 11 de agosto, pero que se oficializó el cierre hasta este miércoles, 31 de agosto tras su publicación en La Gaceta.
Las organizaciones canceladas por el Migob se añaden a la cifra de asociaciones y fundaciones clausuradas por el régimen desde 2018, que sumarían casi 1 mil 800 ONG que ya no tienen sus permisos para operar en el país por decisión de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Organismos de derechos humanos sostienen que «el propósito de estas cancelaciones es ejercer un control absoluto y silenciar a la sociedad; perseguir a quienes opinan diferente y establecer un pensamiento único, violentando los derechos humanos del pueblo nicaragüense».
Las ONG han sido señaladas de violar la Ley 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros; y la Ley 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.