La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el balance de actividades y resultados del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), un reporte que comprende desde el 2018 hasta el 2022, años en los que en el país se ha visto inmerso en una constante crisis social, política y económica a raíz de las protestas contra el régimen de Nicaragua que iniciaron hace cuatro años.
El organismo recordó que desde el inicio de las manifestaciones «desplegó (el 17 de mayo de 2018) todas sus herramientas convencionales para responder, de manera pronta y oportuna, a las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco de la represión estatal».
Noticia relacionada: CIDH urge al régimen que libere a monseñor Rolando Álvarez, sacerdotes y laicos
Pese a que el 19 de diciembre de 2018, el gobierno de Ortega suspendió las actividades del Meseni y lo obligó a salir del país, el Mecanismo ha continuado monitoreando la situación en Nicaragua desde la sede de la CIDH en Washington D.C. y mediante la realización de visitas de trabajo a otros países.
En su reporte, el grupo señaló que ha podido monitorear «el desarrollo de la crisis, a través de la realización de reuniones periódicas con organizaciones de la sociedad civil, víctimas de violaciones de derechos humanos y familiares».
«Ello ha permitido documentar las graves violaciones; denunciar ante la comunidad internacional; acompañar a las personas nicaragüenses que sufren afectaciones a sus derechos y se han visto forzadas a huir de su país; así como, coadyuvar en el fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil; y aportar en la construcción de la memoria para eventuales procesos de justicia transicional», hizo hincapié la CIDH.
129 medidas cautelares en cuatro años
En cuatro años, el Meseni recibió 1986 testimonios, «los cuales permiten reflejar las voces de las propias víctimas en los diferentes informes temáticos y de país publicados».
Hasta la fecha, la CIDH ha otorgado 129 medidas cautelares con el propósito de proteger la vida e integridad de más de 280 nicaragüense. Además, solicitó tres medidas provisionales y ocho ampliaciones a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Noticia relacionada: CIDH demanda ante la OEA acciones que pongan fin a las condiciones inhumanas de los presos políticos de Ortega
Remarca también que con relación al sistema de peticiones y casos, se destaca el registro de más de 399 peticiones sobre posibles violaciones de derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua.
«De este total, la CIDH decidió la apertura a trámite de 58 peticiones. Asimismo, desde 2018, se publicaron 10 informes de admisibilidad y elevó cuatro casos contra Nicaragua ante la Corte IDH», enfatizó.
En el marco del funcionamiento del Meseni, la CIDH también ha promovido el conocimiento de los estándares de derechos humanos en materia de memoria, verdad y justicia, y la utilización de los mecanismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, mediante la realización de 40 talleres dirigidos a más de 900 personas.
El impacto de este trabajo ha incidido en la formación de nuevas organizaciones y colectivos que defienden derechos humanos, así como en el incremento en el uso del Sistema Interamericano, a través de solicitudes de medidas cautelares o el inicio de casos.
Noticia relacionada: CIDH condena “el cierre arbitrario” de siete emisoras católicas en Nicaragua
A cuatro años de la creación del Meseni, la CIDH reiteró su solidaridad con las víctimas de la crisis política, social y de derechos humanos iniciada en abril de 2018.
«Mientras que, observa la persistencia de un contexto de impunidad generalizada respecto de las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el marco de la represión estatal a las protestas sociales, las cuales resultaron en la muerte de al menos 355 personas; más de 2 mil personas heridas; más de 1.614 detenidas; cientos de despidos arbitrarios de profesionales de la salud; más de 150 expulsiones injustificadas de estudiantes universitarios y; más de 150 mil personas se habrían visto forzadas a huir del país y a buscar protección internacional en Costa Rica, según datos de ACNUR. Asimismo, el gobierno canceló más de 1,400 personerías jurídicas de organizaciones de la sociedad civil», indicó el Meseni.
«En este contexto, la CIDH refrenda su compromiso de seguir trabajando en la articulación de esfuerzos con la comunidad internacional, a través del MESENI, hasta lograr la liberación de las 180 personas que permanecen privadas de libertad en condiciones contrarias a la dignidad humana, el restablecimiento de todas las garantías y libertades propias de un Estado democrático de derecho mediante la separación de poderes», concluyó el organismo.