La presidenta de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH), Julissa Mantilla, denunció ante los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) la represión establecida en Nicaragua por el régimen orteguista y demandó el cese «a la persecución que sufre la sociedad civil, la Iglesia y la prensa (independiente)».
«En primer lugar quiero llamar la atención sobre la grave situación de las más de 180 personas presas políticas que permanecen en condiciones contrarias a la dignidad humana y, muchas de ellas, en estado de salud delicado. Esta situación ha llevado al otorgamiento de medidas cautelares por la CIDH así como medidas provisionales por la Corte Interamericana para la protección de aproximadamente 70 personas privadas de libertad, entre ambos mecanismos», destacó Mantilla en su intervención en el pleno de la OEA.
Noticia relacionada: Delegaciones de la OEA condenan los «abusos insostenibles» perpetrados por el orteguismo
La Comisión, por medio de su representante, exigió al régimen de Nicaragua garantizar su integridad, su vida y la liberación inmediata de los presos políticos que se encuentran bajo «condiciones inhumanas», según han denunciado sus familiares y organismos defensores de derechos humanos.
En su pronunciamiento, la CIDH también se mostró preocupada por la agudización de la represión en el país a más cuatro años del estallido social, considerando que se ha prolongado el «quebrantamiento del principio de separación de poderes y la consecuente ausencia del Estado de Derecho hacen posible la manipulación y el uso de todo el aparato estatal para reprimir y perseguir a la sociedad civil, a la iglesia, a la prensa y a cualquier atisbo de oposición en el país».
Mantilla destacó que este año la Comisión ha documentado «la intensificación de las acciones emprendidas por el Estado nicaragüense para el cierre absoluto del espacio cívico en el país, mediante una estrategia de control total y coerción de las libertades fundamentales de la población, tales como la libertad de expresión, de religión, de asociación, la libertad académica, entre otras más»
Varios países se sumaron a las demandas del organismo defensor de derechos humanos «para que se respeten los derechos humanos de las personas detenidas y todas las mujeres privadas de libertad», refirió Canadá durante su intervención.
Noticia relacionada: Colombia «huye» de sesión sobre Nicaragua en la OEA tras la asunción de Petro
La resolución aprobada este tarde en el plenario de la OEA cuenta con cinco puntos, señala el «cierre forzado» de las organizaciones y fundaciones sin fines de lucro, que ya suman casi 1.400 ONG con la personalidad jurídica canceladas por la Asamblea Nacional, que responde a los intereses de la pareja dictatorial en una persecución contra la libertad de asociación que busca limitar el espacio cívico en el país.
El documento también aborda la persecución de la Iglesia católica, sacerdotes, obispos, líderes de oposición y presos políticos del régimen de Ortega. Desde el primero de agosto, la dictadura ordenó una escalada represiva contra la Diócesis de Matagalpa y su obispo, monseñor Rolando Álvarez. Ese día, a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), ordenó el cierre de todas las radios de la Diócesis, canales locales del departamento, programas radiales y un medio de comunicación de Nueva Guinea.
