Alejandra, la hija de ocho años del preso político Miguel Mendoza, lleva 432 días sin poder comunicarse con su papá por órdenes del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La dictadura continúa negándoles el derecho, a pesar de las constantes solicitudes.
«Papi, quiero que sepas que le oro a Dios todos los días para que te cuide y regreses pronto a casa. He grabado video y he realizado dibujos con la esperanza de que alguien te los pueda mostrar», manifestó la niña, indica un video divulgado por la campaña Sé Humano este sábado, 27 de agosto.
«Aunque tengo un año de no verte, mi corazón y mis recuerdos están intactos. No hay un solo día en el que no sienta la necesidad de abrazarte y expresar lo mucho que te amo. Necesito verte», imploró la menor.
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El periodista se encuentra encarcelado en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como «El Nuevo Chipote», calificada como un centro de tortura según familiares de presos políticos y organizaciones de derechos humanos.
A los rehenes los mantienen bajo aislamiento y en condiciones precarias. No les permiten recibir visitas, llamadas con video, fotos, cartas ni dibujos de sus hijos menores de edad.
«El cronista deportivo continúa sin ver a su hija desde que fue injustamente encarcelado por el régimen de Nicaragua. La comunicación es un derecho que tienen tanto Miguel Mendoza como su hija, por lo que seguimos demandando que les permitan comunicarse», señaló el grupo de voluntarios de la campaña de emergencia Sé Humano.
Durante estos 14 meses de prisión, el abogado defensor del periodista ha interpuesto 11 recursos ante el Tribunal de Apelaciones de Managua y ninguno ha sido contestado.
La separación forzosa entre Miguel Mendoza y su hija Alejandra le ha provocado daños en su salud física y emocional a la niña, según manifestó su madre.
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Esta misma situación sufren los hijos e hijas de los presos políticos Miguel Mora, Tamara Dávila, Suyen Barahona, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Róger Reyes, José Antonio Peraza, Marcos Fletes, Walter Gómez y María Oviedo.
La dictadura de Nicaragua usó sus nuevas leyes represivas para encarcelar a Mendoza en junio de 2021, acusándolo de supuestamente «conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional» y de «propagar noticias falsas». Fue condenado a nueve años de prisión e inhabilitado para ejercer cargos públicos.