El clero de la Diócesis de Estelí emitió un pronunciamiento dirigido al «Gobierno de Nicaragua» en defensa de su administrador apostólico, monseñor Rolando Álvarez, y demás sacerdotes y laicos víctimas de la represión.
A través de un extenso pronunciamiento, las parroquias de Estelí, Madriz y Nueva Segovia cuestionaron de forma enérgica a las autoridades del país, reclamándoles «¿qué es lo que quieren?» al arremeter contra la Iglesia y sus jerarcas.
El clero denunció que, desde las protestas sociales de 2018, el régimen ha arrojado «todo tipo de improperios, ofensas y difamaciones» y ha cometido «barbaridades» en contra de los sacerdotes, lo que han soportado con paciencia.
Dejaron en claro que el supuesto «golpe de Estado solo existe en la mente» de los gobernantes y son ellos quienes «crean la zozobra, el desorden y la división en el país» haciendo uso de una Policía desprestigiada.
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Los líderes religiosos de las comunidades del norte del país hicieron un llamado a la pareja dictatorial «a la conversión y a dejar de fastidiarles la vida y dejarlos trabajar en paz».
Monseñor Leonardo Urbina, párroco de la Iglesia del Perpetuo Socorro de Boaco, será llevado a juicio este miércoles, 24 de agosto, sin un abogado de confianza.
El régimen le prohibió al líder religioso el derecho a un defensor privado, a pesar que sus familiares han hecho la solicitud en cuatro ocasiones al juez sandinista Edén Aguilar. Expertos advierten que el juez podría admitir «a última hora» al nuevo defensor con el fin de no dejar que se prepare sobre el caso.
Monseñor Urbina es acusado de cometer presunta violación a una menor de edad, en un proceso que ha sido ampliamente publicitado por los medios gubernamentales.
El régimen de Daniel Ortega consumó el asalto al diario La Prensa, el más antiguo del país y cuyo director emblemático fue el periodista Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, Mártir de las Libertades Públicas.
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Este martes, las instalaciones del medio de comunicación amanecieron sin el rótulo, que servía de referente en la capital. La dictadura montó en el lugar su Centro Cultural y Politécnico «José Coronel Urtecho», a un año de la toma ilegal del edificio. Diversos sectores condenaron el nuevo atropello de la dictadura contra la libertad de prensa.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) enfatizó que el régimen «no podrá manchar el aporte a la verdad y la justicia» del diario. El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más también se sumaron a la demanda de la devolución de las instalaciones y la libertad del gerente general del medio, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, actual preso político.
El alcalde sandinista de Diriamba, Fernando Baltodano, apareció muerto en el interior de su camioneta bajo extrañas circunstancias. Una fotografía que circuló en las redes sociales el día lunes, 22 de agosto, muestra al servidor del régimen con un disparo en la cabeza dentro de su vehículo, el cual fue hallado en un predio montoso en el departamento de Carazo.
El régimen guardó silencio sobre el hecho, a pesar que Baltodano era un reconocido integrante de la organización política de Daniel Ortega. No fue hasta el mediodía de este miércoles que la vocera Rosario Murillo se adelantó a la Policía y demás instituciones encargadas de investigar el suceso, y atribuyó la muerte del alcalde a una supuesta depresión.
El mayor en retiro del Ejército de Nicaragua Roberto Samcam señaló que el edil no se quitó la vida, sino que fue «asesinado al mejor estilo de la mafia en el poder». Entre las «inconsistencias técnicas de la escena del crimen» se observa al funcionario sosteniendo la pistola con ambas manos, lo cual es «imposible» en un suicidio.
La Asamblea Nacional, controlada por el partido de Gobierno, cancelará otras cien Organizaciones No Gubernamentales (ONG), con las que sumarían más de 1,500 asociaciones cerradas en lo que va del año. En la lista se encuentran la Asociación de Cafetaleros de Managua, Asociación Nicaragüense de Empresas de Radiocomunicaciones (Anerc), el Club de Radios Experimentadores y organizaciones municipales.
La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) denunció que, en medio de continuas cancelaciones de personerías jurídicas de oenegés, el régimen presentó recientemente una iniciativa de reforma para cerrar organizaciones con mayor rapidez. Escuchemos a los integrantes de la UNAB Enrique Martínez y Héctor Mairena:
