El régimen tiene en un «limbo jurídico» a monseñor Rolando Álvarez, encerrado en su domicilio en Managua, y a los sacerdotes y laicos, miembros de la Diócesis de Matagalpa, que fueron enviados a la cárcel conocida como «El Nuevo Chipote».
El experto en administración de justicia Yader Morazán explicó que el obispo y los padres Ramiro Tijerino, José Luis Díaz, Sadiel Eugarrios, Raúl González; los seminaristas Darvin Leiva y Melkin Sequeira, y el camarógrafo Sergio Cárdenas, cumplieron este lunes 48 horas de detención que establece la ley para que sean puestos a la orden de un juez.
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El abogado reiteró que la Policía no está facultada para imponer «arresto o resguardo domiciliar» ni trasladar a las personas a otra circunscripción fuera de donde supuestamente se cometió el delito. Además, la medida preventiva de encarcelarlos durante tres meses fue creada para investigar casos complejos no para «ver qué encuentran» contra los detenidos.
El presidente ilegítimo de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, la vocera Rosario Murillo, instalarán la llamada «Casa de la Soberanía “Padre Miguel D´Escoto Brockmann”» en el edificio donde funcionaba la Organización de Estados Americanos (OEA), el que fue confiscado por el régimen tras su salida anticipada del organismo en abril.
El lugar que antes se había anunciado como un futuro «Museo de la Infamia», ahora servirá de supuesto centro de estudios bajo la potestad de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) a través de la sandinista Ramona Rodríguez.
La instalación se realizaría este 22 de agosto, fecha que el partido Frente Sandinista conmemora el 44 aniversario del asalto al Palacio Nacional, una operación histórica del comando guerrillero contra la dictadura somocista y en la que los excomandantes sandinistas Hugo Torres y Dora María Téllez tuvieron una participación protagónica.
En su llamada telefónica a medios gubernamentales, Murillo decidió ignorar a Torres y a Téllez, quienes fueron convertidos en presos políticos de Ortega. El general en retiro Hugo Torres murió siendo rehén del actual dictador.
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El diario La Prensa denunció que las autoridades nacionales ejecutan una «confiscación de hecho» de sus bienes del plantel industrial, un año después que la Policía Nacional ocupara a la fuerza sus instalaciones y arrestaran a su gerente general, Juan Lorenzo Holmann Chamorro.
El medio más antiguo del país y el último en circular de forma impresa detalló que «desde hace varios días, operadores del régimen realizan obras de construcción y trasladan algunas de las maquinarias y equipos». El valor de los bienes del medio ascendía a los 10 millones de dólares, al momento de la toma de las instalaciones.
El canciller Denis Moncada negó que en Nicaragua exista persecución religiosa. En declaraciones al medio salvadoreño Diario El Mundo, el ministro afirmó que la administración Ortega-Murillo es «respetuosa de los dirigentes religiosos», a pesar que tiene encarcelados alrededor de diez jerarcas, incluido monseñor Rolando Álvarez.
La hija del periodista preso político Miguel Mendoza suplica ver a su papá, con quien no tiene comunicación hace más de 400 días por órdenes de la dictadura.
En una de las recientes cartas de la niña Alejandra Mendoza, de seis años, escribió que se «ha enfermado mucho porque tiene más de un año de no verlo y lo necesita». Sin embargo, el régimen tampoco le permite al periodista recibir las cartas y dibujos de su hija.
La familia ha denunciado que la situación «ha sido una tortura psicológica para la menor porque no es justo que una niña inocente sufra tanto dolor».