El régimen Ortega- Murillo aprovechó la oscuridad para encarcelar a monseñor Rolando Álvarez en su residencia familiar en Managua, después de mantenerlo 16 días retenido en la Curia Episcopal de Matagalpa junto a otros sacerdotes y laicos.
El operativo se efectuó a las tres de la mañana de este viernes cuando los oficiales irrumpieron en la sede para llevarse consigo a ocho personas que se encontraban en el interior, incluido el líder religioso, y dejando en la curia únicamente al vicario Óscar Escoto, quien, según la Policía, quedó en «carácter de autoridad eclesial y sin ninguna restricción de movilidad».
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Familiares de monseñor denunciaron que la institución represiva también allanó arbitrariamente la casa de los padres del obispo, ubicada en Managua. Poco después se confirmó que la dictadura había impuesto arresto domiciliario de facto al prelado, mientras a las otras siete personas las encerró en la cárcel de «El Nuevo Chipote».
El cardenal Leopoldo Brenes tuvo la oportunidad de visitar y conversar con monseñor Rolando Álvarez en su residencia familiar, donde fue encerrado por la dictadura la madrugada de este viernes. La Arquidiócesis de Managua y la Conferencia Episcopal de Nicaragua señalaron que la salud de monseñor está desmejorada, aunque su «ánimo y espíritu fuertes».
El obispo de Matagalpa le expresó al cardenal que confía «en la oración de todos ante la difícil situación». Por su parte, la Arquidiócesis reiteró su solidaridad y cercanía con la diócesis, su obispo, los sacerdotes y laicos que se encontraban retenidos; hecho que calificó de «acontecimiento triste» sin referirse al asalto de la curia y el encarcelamiento de los religiosos.
El cardenal manifestó que espera que «la razón y el entendimiento abran camino a la solución».
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El encierro de monseñor Rolando Álvarez y otras siete personas, entre sacerdotes y laicos, urgió las muestras de solidaridad de obispos de la región y España. La Conferencia Episcopal de Costa Rica, Perú, Cuba y España y diversas órdenes religiosas se pronunciaron sobre la situación y demandaron, por separado, el «respeto la libertad religiosa», la libertad de los sacerdotes y «todo el pueblo» nicaragüense y pidieron «sabiduría y sensatez en los responsables de asegurar un clima de paz y sosiego al pueblo nicaragüense».
El Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) también alertó a la comunidad internacional sobre la situación y se sumó a la cadena de oración. A su vez, Monseñor Silvio Báez denunció que «de nuevo, la dictadura volvió a superar su propia maldad y espíritu diabólico». Sin embargo, el sacerdote nicaragüense Edwin Román reclamó que «¡ya basta de tanto silencio!» y pidió «a quienes tengan que dar la cara», a hacerlo, porque, de lo contrario, cometen «pecado de omisión».
Rodrigo Guerra López, secretario de la Pontificia Comisión para América Latina, aseguró que «el papa Francisco está súper enterado de todos los acontecimientos que ocurren en Nicaragua» y afirmó que el silencio del Vaticano «no significa inactividad o falta de decisión y en el momento que vea prudente tendrá una intervención».
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se declaró «muy preocupado» ante la arremetida contra monseñor Rolando Álvarez, a quien el régimen le impuso «resguardo domiciliar» de forma arbitraria. Guterres exigió al régimen de Daniel Ortega la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente.
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Por su parte, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció que la Policía actuó «desafiantemente y desvergonzadamente».
La organización indicó que la Policía confesó los delitos que están cometiendo, a través de la nota de prensa que emitió sobre el caso, al ejecutar acciones absolutamente violatorias de cualquier ley y convenio, «y ofensivas a la inteligencia y racionalidad al asaltar de madrugada la curia episcopal, como vulgares ladrones».
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más coincidió que los policías ejecutaron el operativo «en la oscuridad de la madrugada, encapuchados para no ser reconocidos y mantenerse en la impunidad».
El partido político de Daniel Ortega, FSLN, se inscribió este viernes ante el Consejo Supremo Electoral (CSE) para participar en las cuestionadas elecciones municipales programadas para el 6 de noviembre.
La denominada «Alianza Unida Nicaragua Triunfa» fue inscrita por el diputado sandinista Edwin Castro en compañía de representantes de las nueve organizaciones y cuatro movimientos políticos que van en la misma casilla electoral. Castro fue, nuevamente, «flanqueado» por sus aliados Jaime Morales Carazo y José Antonio Alvarado. La organización Urnas Abiertas denunció que el proceso está plagado de irregularidades y el partido de Ortega persigue tener un control absoluta en los 153 municipios del país.
