El empresario preso político José Adán Aguerri fue trasladado a arresto domiciliario por problemas de salud, después de permanecer más de un año en la cárcel conocida como «El Nuevo Chipote» en Managua.
La información fue divulgada por la radio oficialista La Primerísima que aseguró que un tribunal de justicia otorgó el régimen de convivencia familiar al empresario a petición del abogado defensor.
Familiares de Aguerri denunciaron, en reiteradas ocasiones, que el expresidente de la empresa privada comenzó a experimentar pérdida parcial de la visión, migraña, otitis, hongos en el cuerpo y la pérdida acelerada de peso, debido a los malos tratos en la cárcel.
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El régimen de Daniel Ortega ha enviado a su domicilio a al menos trece presos políticos de los más de 190 rehenes. Sin embargo, los reos siguen bajo aislamiento desde sus viviendas.
La presa política Tamara Dávila, de 41 años, inició una huelga de hambre el 15 de agosto con el fin de presionar a las autoridades para que le permitan ver a su niña de seis años.
La activista no ha podido comunicarse con su hija desde junio de 2021. El régimen no les permite ni siquiera una llamada telefónica ni cartas, lo que ha causado un impacto psicológico en la menor.
La hermana de Tamara, Ana Lucía Álvarez, compartió un video que muestra los dibujos y cartas que la niña no ha podido entregar a su mamá, a pesar de los siete recursos judiciales que la familia ha introducido y el régimen se ha negado a responder.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más expresó su repudio ante la detención del sacerdote de Mulukukú Óscar Benavidez, quien fue sometido a 90 días de cárcel por encontrarse bajo supuesta investigación por un delito desconocido.
Los defensores manifestaron que el arresto es «arbitrario, basado en imputaciones infundadas y con una disposición procesal penal inconstitucional», en un contexto de criminalización contra religiosos de la Iglesia católica.
Tras 15 días bajo asedio policial y retenido en la Curia Episcopal de Matagalpa, la Policía de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo secuestró a monseñor Rolando Álvarez Lagos, obispo de la Diócesis de esa ciudad.
La página de Facebook de la Diócesis de Matagalpa confirmó que los agentes policiales irrumpieron en la sede episcopal donde se encontraban monseñor Álvarez, cinco sacerdotes y tres laicos. Se presume que todos también fueron secuestrados. Los sacerdotes que acompañaban al obispo también fueron sacados del lugar
Acompañan a monseñor Álvarez el primer y segundo vicario de la catedral de Matagalpa, José Luis Díaz y Sadiel Eugarrios, respectivamente; así como los sacerdotes Óscar Escoto —párroco de la iglesia Santa María de Guadalupe—, Ramiro Tijerino —rector de la Universidad Juan Pablo II— y el padre Raúl González.
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La Policía ha citado a opositores y feligreses de Matagalpa, que han mostrado cercanía y respaldo a monseñor Rolando Álvarez, para que testifiquen en contra del líder religioso.
Una fuente en condición de anonimato reveló a Artículo 66 que el régimen «ya tiene una declaración escrita» contra el obispo, a quien el régimen acusa de presuntamente organizar «grupos violentos» y mantiene retenido en la curia episcopal de Matagalpa junto a presbíteros y laicos. Entre las preguntas que los oficiales les hacen a los ciudadanos es si monseñor les pedía que gritaran consignas y llegaran a respaldarlo.
El Consejo Supremo Electoral (CSE) publicó oficialmente el calendario electoral para las elecciones municipales, a menos de tres meses de las votaciones. Según el Poder Electoral, controlado por el partido de Gobierno, el documento fue elaborado con el aporte de los partidos políticos, los que tuvieron dos días de consulta y son reconocidos como «partidos colaboracionistas».
El calendario indica que este viernes, 19 de agosto, se hará la constitución de alianzas; la presentación de candidatos se realizará en septiembre; y las organizaciones tendrán 20 días para realizar campaña electoral a partir del 12 de octubre.
Una vez que se efectúen los comicios, el 6 de noviembre, los magistrados sandinistas tendrán una semana para definir quiénes serán las próximas autoridades municipales. Sin embargo, el calendario omite la verificación ciudadana. El observatorio Urnas Abiertas denunció que el régimen realizará un «proceso exprés que no permite la verdadera participación y fiscalización ciudadana».
