La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo oficializó el cierre de otras 100 ONG en la escalada represiva contra la libertad de asociación en el país y el cierre del espacio cívico. Este martes, 16 de agosto, se publicó en La Gaceta, Diario Oficial, No. 152, el decreto legislativo No. 8825 que cancela la personalidad jurídica a un centenar de organizaciones y asociaciones sin fines de lucro.
Con eta nueva tanda de ilegalizaciones ya suman 1 mil 368 las organizaciones de este tipo a las que se les canceló los permisos de operación en Nicaragua tras la revuelta popular de abril de 2018, calificada como intento de golpe de Estado por la dictadura de los Ortega-Murillo.
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Según el Ministerio de Gobernación, las nuevas 100 ONG afectadas incumplieron con sus obligaciones conforme lo establece la Ley de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro y su Reglamento, y la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Entre otros, indicó el Ministerio de Gobernación, no reportaron los estados financieros por más de 5 y 25 años, detalles de donaciones, su origen y beneficiario final. Asimismo, sostuvo que las juntas directivas estaban acéfalas por más de 5 a 25 años.
En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega debido a que respondió con la fuerza.
Las protestas dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200. Ortega, próximo a cumplir 77 años, lleva 15 años y 7 meses consecutivos en el poder, en medio de denuncias de autoritarismo y fraude electoral.
