La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo introdujo una iniciativa de reforma a un paquete de leyes con el objetivo de otorgar al Ministerio de Gobernación el control de los gremios empresariales. Además, le concede la potestad de despojar de su personalidad jurídica a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) a través de decretos, sin necesidad de que la Asamblea Nacional sea quien las elimine.
El diputado sandinista y sancionado presidente del Parlamento, Gustavo Porras, fue el encargado de presentar la propuesta de reforma que deroga la Ley General de Cámaras, Federaciones y Confederaciones Gremiales Empresariales de Nicaragua (Ley 849), cuyas entidades ahora serán reguladas por la Ley General de Regulación y Control Sin Fines de Lucro.
Por lo tanto, la administración de Ortega-Murillo concedió un plazo de 90 días máximo para que todos los organismos empresariales, que actualmente son regulados por el Ministerio del Fomento, Industria y Comercio (Mific) empiecen el proceso de inscribir su personalidad jurídica ante Migob para continuar operando.
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Además, la iniciativa de reforma plantea añadir un numeral al artículo 7 de la Ley General de Regulación y Control Sin Fines de Lucro, donde el régimen de Nicaragua concede el poder al Migob de «otorgar y cancelar la personalidad jurídica a las OSFL de acuerdo a la clasificación establecida en la presente ley, mediante acuerdo ministerial».
Ante esta «aberración jurídica» presentada por la dictadura de Ortega, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más aseguró «que se violenta el artículo 138 numeral 5 de la Constitución Política de Nicaragua. El referido artículo es categórico en determinar las atribuciones de la Asamblea Nacional, específicamente en «otorgar y cancelar la personalidad jurídica a las asociaciones civiles». Es decir que es una atribución exclusiva, excluyente y de potestad indelegable de la Asamblea Nacional».
«Una ley ordinaria no puede trasladar esa función a otra dependencia del Estado, sería un abuso más de poder, un atentado a la normativa jurídica y por lo tanto inconstitucional», sostuvo.
En el caso de las empresas privadas, Ortega ordenó crear un capítulo especial en la Ley 1115, nombrado: Capítulo V, OSFL de cámaras gremiales empresariales; en donde señala en unos de sus artículos que las organizaciones empresariales, al igual que las entidades del ámbito deportivo y de recreación, deberán iniciar un proceso de convalidación ante la Dirección General de Registro y Control de las OSFL a cargo del Migob.
«Para tal efecto, las mismas deberán presentar a dicha dependencia que acredita el otorgamiento de personalidad jurídica, debidamente publicado en La Gaceta, así como las modificaciones estatuarias si las hubiere. La autoridad de aplicación tendrá un plazo de 90 días calendario, a partir de la fecha de recepción de los documentos legales, para emitir el Acuerdo Ministerial correspondiente», se lee en la iniciativa de reforma.
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Por otra parte, establece que en caso de que haya omisión u error, Migob deberá notificar y volverá a correr el plazo de los 90 para que las organizaciones hagan los ajustes necesarios y en caso de vencerse el periodo y de no cumplir con el procedimiento esta quedará sin personalidad jurídica.
Además, el régimen de Ortega ordena al Mific que en un plazo de 70 traslade toda la información y expediente de estas entidades empresariales para su debido resguardo y custodia.
Condenan cancelación masiva de ONG
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más condenó la reciente acción del régimen de Daniel Ortega de cancelar la personalidad jurídica otras 100 ONG, incluidas la Asociación de la Mujer Marjorie Tult, el hogar de anciano Dios es Amor, la Fundación Albergue de Mujeres Nicaragüenses La Buena Esperanza y los clubs de Leones de Managua y Granada.
Según la aplanadora orteguista, las organizaciones han incumplido con los requerimientos establecidos en la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley de Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
«Denunciamos el ensañamiento del régimen Ortega Murillo contra asociaciones de mujeres, indígenas o autonómicas, de la niñez, campesinas y la continuidad de procesos administrativos arbitrarios e inconstitucionales que amenazan con cancelar más organizaciones», señaló el organismo de DD. HH. en un comunicado.
«El propósito de estas cancelaciones es ejercer un control absoluto y silenciar a la sociedad; perseguir a quienes opinan diferente y establecer un pensamiento único, violentando los derechos humanos del pueblo nicaragüense», aseguró.
El Colectivo detalló que desde 2018 a la fecha, el régimen Ortega-Murillo ha cancelado la personalidad jurídica de 1374 organizaciones, tanto nacionales como internacionales.
