El gobierno de Estados Unidos aplaudió la condena del Consejo Permanente la Organización de los Estados Americanos (OEA) al régimen de Daniel Ortega por la grave situación de violación a los derechos humanos, políticos y civiles en Nicaragua.
27 Estados miembros de la organización continental votaron contra el gobierno de Nicaragua, a quien llaman a cesar el hostigamiento contra la Iglesia católica y respetar los derechos humanos de los nicaragüenses.
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Luego de la resolución, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian A. Nichols, se sumó al rechazo de la OEA contra las acciones represivas de Ortega contra Nicaragua.
El diplomático manifestó que «el resonante voto de la OEA condenando al régimen de Ortega-Murillo por sus abusos a los derechos humanos nos recuerda que, aunque el régimen haya abandonado el edificio, el pueblo nicaragüense sigue siendo parte de la familia de las Américas».
Hizo hincapié en la insistencia del gobierno de Joe Biden para que el dictador nicaragüense atienda «este llamado hemisférico», que es el cese los abusos cometidos por sus aparatos represivos.
La resolución que exige a Ortega respetar los derechos de los nicaragüenses señala el «cierre forzado» de las organizaciones y fundaciones sin fines de lucro, que ya suman casi 1 mil 400 ONG con la personalidad jurídica canceladas por la Asamblea Nacional, que responde a los intereses de la pareja dictatorial en una persecución contra la libertad de asociación que busca limitar el espacio cívico en el país.
«Condenar enérgicamente el cierre forzado de organizaciones no gubernamentales, así como el hostigamiento y las restricciones arbitrarias de organizaciones religiosas y de las voces críticas del gobierno y sus acciones en Nicaragua», se lee en el punto número uno de la resolución.
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«Reiterar su insistencia en que el Gobierno de Nicaragua libere de inmediato a todos los presos políticos, cese la persecución y la intimidación de la prensa independiente y garantice el ejercicio del derecho a la libertad de expresión», prosigue el documento aprobada por los embajadores que integran el Consejo Permanente de la OEA.
El documento también aborda la persecución de la Iglesia católica, sacerdotes, obispos, líderes de oposición y presos políticos del régimen de Ortega. Desde el primero de agosto, la dictadura ordenó una escalada represiva contra la Diócesis de Matagalpa y su obispo, monseñor Rolando Álvarez. Ese día, a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), ordenó el cierre de todas las radios de la Diócesis, canales locales del departamento, programas radiales y un medio de comunicación de Nueva Guinea.
En la sesión de la OEA no estuvo presente la delegación de Nicaragua, debido al retiro de las credenciales de sus representantes, Orlando Tardencilla, Iván Lara y Michael Campbell. Ortega también ordenó el cierre de la oficina del organismo en Managua tildándola de «instrumento del imperialismo yanqui» el pasado 24 de abril.
Daniel Ortega ha mostrado en público su apatía contra la Organización de Estados Americanos, tildándola de injerencista y no trabajar de forma imparcial.
