El observatorio ciudadano Urnas Abiertas denunció que el Consejo Supremo Electoral (CSE) se encuentra «guardando silencio y hermetismo» a menos de tres meses de las elecciones municipales, ya que continúa sin realizar la convocatoria oficial y sin dar a conocer el calendario electoral.
«Según la Ley Electoral ayer 8 de agosto era el tiempo estipulado para publicar padrones electorales en los centros de votación (artículo 42) y entregar a los partidos políticos las ubicaciones de los mismos (artículo 23)», destaca el reciente informe divulgado por la organización independiente que critica el secretismo con el que están siendo manejadas las elecciones municipales programadas para noviembre de 2022.
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El observatorio informa que «se tuvo conocimiento, que una vez más la empresa Inversiones Papeleras S.A. (Inpasa) ha iniciado el proceso de producción de material electoral, el que incluye boletas, urnas, cajas de votación, padrones, manuales, material de señalización y otro tipo de papelería, hasta la fecha todavía no se conocen las personas que estarán incluida en la boleta porque no se ha completado el proceso de inscripción de candidaturas. Las boletas tienen que estar impresas para finales de octubre cuando inicia el proceso de envío de maletas electorales a cada Junta Receptora de Votos (JRV)».
«A medida que diferentes actividades avanzan como si se tratara de un proceso electoral legítimo y transparente, el régimen continúa cometiendo actos de represión contra periodistas, transportistas y miembros de la Iglesia católica. Durante el mes de julio e inicios de agosto se observó un incremento en la violencia política contra periodistas, que incluye asedio policial, allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias. Incluso una cantidad todavía indeterminada de periodistas se han tenido que exiliar», denuncia Urnas Abiertas.
Además, aseguran que la situación ha empeorado «desde junio, cuando el organismo regional Voces del Sur documentó que el periodista Jacdiel Rivera, corresponsal de Canal 10 en el departamento de Madriz, fue víctima de obstrucción de su trabajo periodístico en 2 oportunidades. Ambos casos no tenían ninguna vinculación con temas políticos, sin embargo, los agentes policiales le negaron rotundamente el derecho a obtener información. En ese mismo mes, tres medios independientes de cobertura nacional tradicional se vieron obligados a sacar de sus agendas noticiosas los temas políticos».
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El régimen también ha cerrado alrededor de 21 medios de comunicación (12 católicos) desde 2018 y 140 periodistas se encuentran exiliados, según registro de la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PCIN).
Desde el 2021, los organismos de la oposición han denunciando que no existen garantías en Nicaragua para celebrar unos comicios donde se respete la voluntad popular, ya que todos los poderes del Estado se someten a los designios del Ejecutivo.
