Familiares de los presos políticos de «El Nuevo Chipote» denunciaron que, a más de un año de encierro, persiste la política de incomunicación y aislamiento, la falta de atención médica especializada y las condiciones precarias en las celdas.
La saña del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de los opositores ha llegado al extremo de quitar las etiquetas de los alimentos «para que no puedan leer absolutamente nada». Entre los casos más abusivos de aislamiento se encuentran las dirigentes Ana Margarita Vijil, Suyen Barahona, Dora María Téllez y Tamara Dávila.
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También denunciaron que, en la reciente visita familiar, se intensificaron las revisiones y requisas a los familiares, exigiendo a varios a desnudarse.
Por otro lado, indicaron que, dado el nivel de desnutrición en el que se encontraban los reos y las demandas permanentes de las familias, se logró que aumentaran las raciones de comida. Los parientes pidieron que los presos políticos y sus parientes sean tratados con el debido respeto bajo las Reglas Mandela.
Este 26 de julio se cumplió un año de la detención del politólogo José Antonio Peraza. Su familia está preocupada por el grave deterioro físico que le ha causado el cautiverio en el complejo policial conocido como «El Nuevo Chipote», un centro donde es sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, según organismos de derechos humanos.
Los familiares señalan que Peraza ha perdido al menos 60 libras de peso y presenta una notoria desnutrición y enfermedades en la piel.
Por su parte, la Organización de Víctimas de Abril (OVA) invitó a una «jornada de oración» por la libertad de los presos políticos de Nicaragua. La organización invitó a los creyentes a orar diario por los reos a las siete de la noche.
El régimen no ha permitido que los sacerdotes católicos encarcelados sean asistidos por defensores confiables, denunció el jurista Yader Morazán, especialista en administración de justicia y derechos humanos.
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Según la denuncia, el sacerdote Manuel Salvador García, párroco de la iglesia El Calvario en Nandaime, y monseñor Leonardo Urbina, de la parroquia del Perpetuo Socorro de Boaco, se encuentran en la indefensión porque «uno sigue sin abogado de confianza y al otro le quedó firme su condena porque el abogado se le pasó el tiempo que le dio la ley para apelar».
Morazán señaló que la situación es «irónica» ante la cantidad de donantes que hay para pagar honorarios y de abogados que se han ofrecido a llevar los casos de forma gratuita.
Cristiana Chamorro Barrios, la aspirante presidencial encarcelada por el régimen de Ortega, es la persona política más popular de Nicaragua, según una encuesta de la firma CID Gallup.
Chamorro goza de un 54% de popularidad, ubicándose en el puesto 7 en Latinoamérica, incluso, por encima de los mandatarios de Colombia y México; y a pesar de estar un año sometida a aislamiento bajo prisión domiciliaria.
Los datos corresponden a la encuesta de Opinión Pública realizada en el mes de mayo a través de llamadas telefónicas a mil 200 ciudadanos en cada país. Según sondeos, Chamorro era la favorita para ocupar la Presidencia de la República en 2021.
El abogado sandinista Harry Antonio Valle Palacios amenazó con emprender acciones legales en contra de Artículo 66, al diario La Prensa y al medio digital 100% Noticias por supuesta violación a la Ley de Ciberdelitos.
Valle fue el abogado defensor de monseñor Leonardo Urbina que respaldó el actuar de la Fiscalía y la jueza en contra del sacerdote. Juristas revelaron que el joven era un fanático del régimen que cometió el delito de «patrocinio infiel». Sin embargo, el abogado afirmó, a través de sus redes sociales, que los tres medios de comunicación independientes lo «difamaron».