La jueza Marvia del Rosario Arias Bermúdez, del Juzgado de Distrito Penal de Juicio de Granada, ratificó la sentencia de dos años de prisión y 200 días multas contra el sacerdote Manuel Salvador García Rodríguez, de 57 años, por el presunto delito de amenazas con arma en perjuicio de cinco personas.
La jueza Arias rechazó el recurso de apelación el 12 de julio y ratificó la sentencia condenatoria emitida por el juez Jaime Aguilar del Juzgado Local de Nandaime, confirmó el medio digital Despacho 505.
El abogado defensor Humberto González Sánchez argumentó que la sentencia le causaba agravios al sacerdote porque el párroco había actuado en legítima defensa de su domicilio e integridad física, según el artículo 34, numeral 4 del Código Penal; además, los hechos por los que se procesó son atípicos por no constituir una amenaza verosímil.
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La situación ocurrió la noche del 30 de mayo cuando un grupo de personas retaron al sacerdote en las afueras de la iglesia Jesús de Nazareno de Nandaime, luego que una joven de 15 años pidiera ayuda a los pobladores por un presunto incidente entre el párroco y la ciudadana Martha Candelaria Rivas Hernández, madre de la adolescente.
Martha Candelaria Rivas, de 44 años, denunció al sacerdote por agresión física ante medios sandinistas, sin embargo, se retractó ante el judicial. El régimen la condenó a 5 años de cárcel por el delito de falso testimonio en perjuicio del Estado.
El defensor del sacerdote manifestó que se omitieron estos hechos. Detalló que el ciudadano Lester Javier Chavarría Miranda fue uno de los que golpeó el portón de la iglesia y retó al padre a salir de la Iglesia, mientras el grupo de personas lo esperaba con palos y bates.
El medio Intertextual también detalla que, en el recurso de apelación, el abogado sostuvo que la versión de los policías Alí Flores y Michael José Carballo confirma que frente a la Iglesia había un grupo de más de 25 personas con esas armas en mano, que discutían con el sacerdote.
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Por tanto, indicó el abogado, el sacerdote Manuel García se procesó por hechos «atípicos» y la presunta amenaza fue una «condicionante» para que el grupo no ingresara al templo.
La jueza Marvia Arias reconoció que se omitieron los hechos, pero dijo que sería «una aberración aplicar la eximente de responsabilidad penal» al sacerdote. Según Arias, el párroco estaba decidido a causar daño y si se hubiera incluido el universo de lo que sucedió, la cantidad de «víctimas» sería mayor.
