El juez Edén Enrique Aguilar Castro, del Juzgado Tercero Especializado en Violencia contra la Mujer, rechazó la renuncia del abogado Harry Valle, quien fungía como «defensor» del religioso, pero una hora después de la audiencia decidió abandonar el caso. No obstante, el judicial, seguidor de Daniel Ortega, dio tres días a los familiares para que busquen a otro defensor.
El abogado Yader Morazán publicó a través de su cuenta en Twitter que el jurista alegó a través de un escrito que los familiares del padre no tenían para pagarle sus honorarios «por una defensa que no ejerció».
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«¿Cree usted que se le debe algo por este fraude de defensa ejercida por el abogado privado Harry Valle o es él quien debe de pagar por el delito de patrocinio infiel y perjuicios causados al padre secuestrado?», cuestionó el abogado.
En entrevista con Artículo 66, Morazán dijo que la dictadura «vendió falsas ilusiones» a los familiares de monseñor Urbina, haciéndoles creer que iban a liberarlo. «Pero la sorpresa que nos llevamos todos y seguro que también el padre es cuando el abogado llega a jugar un rol más ensalzador que el mismo fiscal», reiteró.
«Lo que llama la atención es que este joven solo llegó a hacer la maldad porque minutos después estaba presentando su renuncia y dice en su escrito que la familia no tenía para pagarle sus honorarios», recalcó.
Juicio para el 24 de agosto
Se conoció, según Morazán, que una abogada privada de nombre Jennifer Eliett Hernández Granera solicitó intervención de ley para defender al padre Leonel Urbina, por lo que se espera próximamente la sustitución del abogado Harry Valle.
Para el 24 de agosto, a las nueve de la mañana, está programado el juicio en contra del cura. El judicial advirtió que «no se aceptarán reprogramaciones para evitar la revictimización».
Cabe señalar —según explica Morazán— que en la primera resolución emitida por Aguilar Castro, omite fundamentar las razones por las cuales conocerá y resolverá de un caso sobre hechos que sucedieron fuera del territorio que le corresponde conocer. «Es decir, él no justifica del porqué estando en Managua, conocerá hechos de Boaco».
Acusación contra monseñor Urbina
La acusación presentada por el fiscal orteguista Emanuel Álvarez contra monseñor Urbina Rodríguez menciona que «en 2016 conoció a la señora (de iniciales T.C.), quien es abuela paterna de la víctima de iniciales M.J.V.S., y debido al grado de confianza entre el cura acusado y la abuela de la niña, aprovechó dicha circunstancia para acercarse a la víctima y lograr ganarse su confianza a tal punto que la niña lo reconocía como su padrino».
Detalla que en diciembre de 2021, el sacerdote pidió permiso a la señora para ir con la víctima de 12 años a comprar tortillas, por lo que en una camioneta se trasladó «junto a la niña víctima y otro joven se trasladaron a la tortillería ubicada frente a una tienda de conveniencia en el barrio Alcides Miranda, en Boaco».
Al llegar a la tortillería el cura le dijo al joven que se bajara de la camioneta a comprar las tortillas y luego se regresara a pie, mientras el cura se fue en el vehículo junto con la niña víctima, quien le dijo que se pasara al asiento delantero del copiloto, y después el sacerdote Urbina condujo el vehículo en dirección al kilómetro 89 Carretera Boaco-Managua, en un sector poco transitado y montoso y a la orilla del río, lugar donde estacionó la camioneta y le realizó tocamientos a la niña en los pechos, le besó el cuello y le expresó a la niña que sostuvieran relaciones sexuales, a lo que la víctima se negó», agrega la querella.
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El fiscal mencionó que en abril de este 2022, el sacerdote nuevamente pidió autorización a la abuela de la menor para ir a comprar tortillas, y en la camioneta concretó la violación vía vaginal. Añadió que el cura amenazó a la menor con matarla si contaba el supuesto abuso.
Monseñor Urbina está detenido desde el 13 de julio, siendo objeto de un proceso judicial, que según jerarcas católicos y opositores, es un «montaje» del gobierno de Nicaragua con el fin de seguir con su ataque a la Iglesia católica de Nicaragua, ya que los medios de la propaganda gubernamental han exhibido a familiares de la menor en un caso que debe de tratar con discrecionalidad.
Con esta nueva detención ya son dos religiosos que la dictadura de Nicaragua le imputa delitos comunes; el primero fue el padre Manuel Salvador García, párroco en Nandaime, condenado por exposición de personas al peligro y por la supuesta agresión a una mujer.
