Los diputados sandinistas cerraron este jueves otras 100 Organismos No Gubernamentales, con lo que suman 1,058 oenegés disueltas desde la crisis política de 2018. La ilegalización fue aprobada con carácter de urgencia a petición del Ejecutivo a través del Ministerio de Gobernación. Entre las afectadas hay asociaciones de medioambiente, desarrollo comunitario, asistencia social, salud, entre otras.
En lo que va del año, la bancada de Daniel Ortega y diputados aliados ha cancelado la personalidad jurídica de más de 850 oenegés.
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El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura urgió al régimen de Daniel Ortega a investigar las denuncias de torturas perpetradas por los funcionarios en contra de opositores. Durante la segunda revisión periódica sobre la situación del país, el presidente del Comité, Claude Heller, afirmó que Nicaragua «ha violado sistemáticamente los derechos humanos» y la Convención de la ONU contra ese flagelo.
El representante recordó que el 97% de las torturas denunciadas, desde 2018, se produjeron en centro de detención policiales y exhortó a la dictadura a sancionar a los oficiales responsables de estos abusos; así como, restablecer el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y reanudar el diálogo con la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.
Sin embargo, el régimen se ausentó y, a través de una misiva enviada por la Cancillería, negó los atropellos y señaló que las denuncias son «viles ataques contra el Estado».
El presidente ilegítimo, Daniel Ortega, retiró a Tirso Celedón Lacayo como miembro propietario del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua y nombró a Ricardo Coronel Kautz en la directiva.
Mediante acuerdos presidenciales, Ortega dejó sin efecto el nombramiento de Tirso Celedón, quien duró tres meses en el puesto y, según investigaciones periodísticas, es persona de confianza del banquero Ramiro Ortiz.
Sobre Ricardo Coronel Kautz, Ortega decidió colocarlo en la directiva por un periodo de cuatro años, en sustitución de Helio Montenegro, otro representante del sector privado. Ricardo Coronel es una figura ligada al partido de Gobierno desde la dictadura somocista; actualmente, varios miembros de su familia ocupan altos cargos.
El régimen programó para el 21 de julio el juicio contra monseñor José Leonardo Urbina Rodríguez, de 51 años, a quien le imputa el presunto delito de abuso sexual en concurso real de violación a una menor de 14 años, y lesiones psicológicas leves en perjuicio de otra víctima de 12 años, reveló el diario La Prensa.
Monseñor Urbina, párroco de la iglesia del Perpetuo Socorro de Boaco, fue detenido el miércoles, 13 de julio, y trasladado a Managua, donde lo presentaron ante la juez del Segundo Distrito Penal Especializada en Violencia, Yolanda Fletes Cano.
Este medio también conoció que la Policía se tomó las instalaciones del seminario menor de Nuestra Señora de Asunción de la Arquidiócesis de Managua, ubicado en la ciudad de Masaya, y el colegio privado Padre Adolfo Kolping, que era administrado por la asociación Adolfo Kolping Nicaragua, ilegalizada en marzo.
El sacerdote Allan Alfonso Paizano, de la Parroquia Santiago Apóstol, en Boaco, decidió romper el silencio de la Iglesia católica y denunció la detención de monseñor José Leonardo Urbina Rodríguez, y la sentencia contra el sacerdote Manuel Salvador García de Masaya. El padre dijo, en el programa transmitido por Radio Católica de Boaco, que se encuentran en estado de indefensión:
Yader Morazán, exfuncionario del Poder Judicial y exiliado político señaló, en su cuenta de Twitter, que las iniciales de los apellidos de la supuesta víctima que habría sido abusada por monseñor Urbina coinciden con los apellidos de una persona que el padre denunció por hurto y estafa en abril de este año, y apuntó que «lo más raro es que en los procesos de violencia lo más importante es proteger a la víctima, su identidad e integridad, y con más razón, cuando se trata de una niña, por eso nunca se había visto darle tanta publicidad a este tipo de procesos».
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El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más demandó justicia a cuatro años del ataque perpetrado por operadores del régimen contra los universitarios que se encontraban atrincherados en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), quienes tuvieron que refugiarse en la iglesia Divina Misericordia intentando escapar de las balas.
Fueron 14 horas de ataque de paramilitares, policías y miembros de la Juventud Sandinistas, según investigaciones, que terminaron con la vida de los jóvenes Gerald Vásquez y Francisco José Flores.
La madrugada de este jueves se registró otro femicidio en el país, aumentando la cifra a unos 30 crímenes en lo que va del año. Una joven identificada como Kenia López, de 20 años, fue asesinada con arma blanca presuntamente por su pareja Marlon Noel Ríos Rizo, de 36 años, en la comunidad Haylan Mey, en Bonanza, Costa Caribe Norte.
Según relatos, un habitante alertó a la Policía al escuchar los gritos de la víctima, a quien encontraron sin vida producto de múltiples heridas producidas con machete. Indican que, incluso, el presunto femicida masacró a un animal de granja que se encontraba en la vivienda a causa de la ira. Ríos Rizo ya fue capturado por la Policía.
